El PP se compromete a, si vuelve al Gobierno, «recuperar» y «mejorar» el Pacto por la Sanidad Pública suscrito en 2015 siendo Buruaga consejera

El Sindicato Médico y el PP no ven «ningún tipo de voluntad negociadora» en la Consejería de Sanidad para intentar desactivar la huelga ni dar soluciones a los problemas de la Atención Primaria o cumplir con los compromisos suscritos con los profesionales en 2019.

Así lo han valorado ambas partes tras el encuentro mantenido este martes, en el que, por parte del PP, ha participado su presidenta, María José Sáenz de Buruaga, y el portavoz de Sanidad del partido, César Pascual, y varios representantes del Sindicato Médico, entre ellos, su vicepresidente, Santiago Raba.

En dicho encuentro, el PP ha trasladado al sindicato que «entiende el hartazgo» del colectivo médico y la convocatoria de la huelga y apoya sus «legítimas reivindicaciones» y ha opinado que Sanidad no está haciendo «todos los esfuerzos reales para desactivar esa huelga» y le ha instado a que «se tome en serio» el asunto y a «materializar» los compromisos ya asumidos en 2019.

Además, la presidenta del partido se ha comprometido a, si gobierna tras las próximas elecciones autonómicas de 2023, «recuperar, actualizar y mejorar», el Pacto Profesional por la Sanidad Pública que suscribió en 2015 el Gobierno del PP, siendo ella vicepresidenta y consejera de Sanidad.

Para el Sindicato Médico, convocante de la huelga, la salida al conflicto pasa por el cumplimiento de estos compromisos de 2019 que, a su juicio, son «muy sencillos de aplicar» en lo que queda de legislatura y no tendrían, en su opinión, un gran impacto económico para Sanidad, que maneja un presupuesto de 1.000 millones, según ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación el vicepresidente del Sindicato Médico.

Raba ha citado entre las peticiones principales fijar una «agenda máxima» de pacientes por día; establecer un programaba de la absorción de la demanda para evitar listas de espera «excesivas», y que supondría, según calcula un esfuerzo de 1,5 millones, o medidas de seguridad para evitar las agresiones a los sanitarios y la imposición de sanciones administrativas a quien lo haga.

Por ello, desde el Sindicato Médico creen que no cumplir los compromisos puede tener más que ver con una cuestión «ideológica» que «meramente económica».

LAS NEGOCIACIONES PARA EVITAR LA HUELGA, «ATASCADAS»

En cuanto a las negociaciones para intentar evitar la huelga, convocada por el Sindicato Médico a partir del 7 de noviembre en Atención Primaria, siguen «atascadas» en temas como los servicios mínimos para la huelga dada la disparidad entre el planteamiento del Sindicato Médico y de Sanidad acerca de los mismos.

De hecho, ha indicado que, en la reunión que ayer mantuvo el sindicato con el Sanidad, desde el SCS se les presentó una propuesta de servicios mínimos superior a la que inicialmente ya habían planteado y con el que ya la organización sindical estaba en desacuerdo.

Y ha indicado que «prácticamente no han hablado» en dicha reunión de la propuesta que hay sobre la mesa para negociar una salida a la huelga y y «se niegan a entrar a hablar» del cumplimiento de los acuerdos de 2019.

En el encuentro de ayer, según el Sindicato Médico, sí se tocó el asunto de las agresiones a los profesionales sanitarios y, al respecto, han censurado que, según los datos que se les aportó, de las más de 200 agresiones denunciadas solo hay expediente sancionador para «un 2%».

Desde el Sindicato Médico están a la espera de que se les convoque a una nueva reunión para seguir negociando, que está previsto que sea este jueves, 27 de octubre.

También han censurado la referencia de ayer del consejero de Sanidad, Raúl Pesquera (PSOE), cuando dijo que la huelga era una convocatoria que partía de un sindicato (el Sindicato Médico) que tenía una representación del 10 por ciento en la Mesa Sectorial.

Al respecto, Raba ha recordado al consejero que, en el total de la masa laboral, los médicos solo tienen un peso del 18% y han acusado a Pesquera de pretender negociar cuestiones que afectar a los médicos «con el sindicato de los celadores».

EL PP PIDE A SANIDAD QUE «SE TOME EN SERIO» LA HUELGA Y «RECTIFIQUE»

Por su parte, la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido a Sanidad que «se tome en serio» esta convocatoria de huelga y «rectifique» su actitud.

En su opinión, el actual conflicto lleva «larvándose años», tantos como los que lleva el PSOE llevando las riendas de sanidad (desde 2015). «No hay dirección, ni estrategia ni planificación. Falla estrepitósamente la gestión, la interlocución y la relación con los profesionales sanitarios», ha dicho Buruaga, que considera que la huelga está derivada por la «negativa» del Gobierno a poner «verdaderas soluciones sobre la mesa» para solucionar los problemas de una Atención Primaria «deteriorada», «falta de recursos» y «sobrecargada».

Y es que, en su opinión, el bipartito está «diseñado para la propaganda pero no para la gestión» y, con ello, ha advertido de que cada día la Atención Primaria se «deteriora cada día más» y la situación corre el riesgo de hacerse «irreversible».

Para Buruaga, ante los problemas que atraviesa la Atención Primaria y lo que ello conlleva para pacientes y sus profesionales, el Gobierno solo muestra «inacción», falta de respuesta y actúa «como quien oye llover».

En su opinión, el deterioro continuará porque –dice– «nada puede ir a mejor si el Gobierno no reacciona». «Y a estas alturas mucho me temo que es tarde para albergar cualquier esperanza de cambio en este sentido», ha opinado.

UNAS NEGOCIACIONES «FORZADAS»

Buruaga ha censurado que Sanidad «no ha reaccionado» hasta que no ha visto que éste se da a las puertas de una convocatoria electoral y lo haya hecho con una propuesta, que ha tildado de «papepulo» -calificativo que también usa el Sindicato Médico– «lleno de vaguedades y generalidades» y de «palabras que se lleva el viento» y diseñado para «sacudirse el problema» y «posponiéndolo todo para 2023».

Además, cree que ha quedado demostrado que las negociaciones de la Consejería con el Sindicato Médico son, «no por convicción ni interés público», sino «forzadas» y por «interés electoral» del Gobierno ante la «amenaza del conflicto» en un periodo preelectoral.

«El Gobierno no busca resolver los graves problemas de Atención Primaria, sino desactivar a los convocantes y evitar que el conflicto le pase factura en las urnas», ha opinado.

Por todo ello, ha pedido al Ejecutivo que se deje de «excusas» y «materialice» los compromisos ya suscritos en 2019, de los que –ha dicho– el Ejecutivo no ha cumplido «ni uno solo».