Montero acusa a PP y Vox de cuestionar que exista un sistema tributario como el recogido en la Constitución
Ve «lógico» que las entidades financieras contribuyan con la tasa Tobin a los servicios públicos tras el coste que supuso su rescate
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado este jueves a PP y Vox en el Congreso de poner en duda la legitimidad de un sistema tributario como el recogido en la Constitución, basado en principios de igualdad o progresividad.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su defensa del proyecto de ley del Impuesto sobre transacciones financieras, que encara este jueves su debate de totalidad, su primer examen en la Cámara Baja, ante las enmiendas registradas por estos tres partidos, que buscan tumbar la iniciativa y devolver el proyecto al Gobierno.
Montero ha dicho que, viendo «algunas de las enmiendas a la totalidad», considera que «la derecha y la extrema derecha lo que están haciendo realmente es enmendar a la totalidad la existencia misma del sistema tributario» español.
«Algunas de las argumentaciones en contra del proyecto tiene en su base un peligroso e irresponsable intento de deslegitimación del sistema tributario, o de una fiscalidad que hunda sus raíces en principios constitucionales que no son equivalentes a los de igualdad o progresividad», ha dicho.
La titular de Hacienda ha reivindicado que este nuevo impuesto «no es un invento ni una excentricidad», que la propuesta de la Comisión Europea para impulsar esta figura fiscal se remonta a septiembre de 2011 y que, ante este retraso –se preveía su puesta en marcha en 2014–, países como Bélgica, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía o Polonia ya han ido aplicando figuras similares.
Para Montero, resulta «lógico» que, tras sufragar un coste de 4,6 billones de euros para el rescate del sector financiero a nivel europeo, estas entidades «contribuyan en justa medida al sostenimiento de los servicios públicos».
Con una recaudación proyectada de en torno a 850 millones, ha defendido que «no sólo es una herramienta recaudatoria», sino que también busca «disuadir movimientos especulativos» y «turbulencias que alteran el funcionamiento de los mercados».
