La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) estima en 23.825 millones de euros la inversión necesaria en infraestructuras de Agua en España para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030.

Según la patronal de las constructoras, al actual ritmo inversor, las actuaciones propuestas en el tercer ciclo hidrológico 2022-2027 no estarán ejecutadas hasta 2045, es decir, 18 años más tarde de lo previsto y sobrepasando en 15 años los objetivos de la Agenda 2030.

Además, en el periodo 2007-2021 se han dejado de ejecutar 10.438 millones de euros, lo que implica un pérdida de retorno fiscal en ese periodo de 5.934 millones de euros y una pérdida de creación de empleo de 169.551 puestos de trabajo. No obstante, en 2021 llegó a ejecutarse el 85%.

«A pesar de que España tiene más de la mitad del territorio en riesgo de desertización, con un 72% de su superficie bajo estrés hídrico severo, ha sido el país, de entre las mayores economías europeas, con menor inversión por habitante en protección del medio ambiente entre 2011 y 2019, con tan solo 24 euros por habitante en 2019, frente al promedio de 40 euros por habitante», señalan desde Seopan.

Asimismo, los incumplimientos en esta materia han abocado al país a múltiples sanciones, siendo la mayor multa de la historia de Europa a España, 53,4 millones, por no depurar las aguas residuales urbanas en aglomeraciones de más de 15.000 habitantes, una multa que sigue aumentado en 10 millones de euros cada semestre sin cumplir y que el Gobierno prevé que supere los 80 millones de euros.

Por el momento, las subvenciones europeas asignadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a las inversiones en infraestructuras hidráulicas ha sido de 1.850 millones de euros, es decir, el 3,6% del total de 51.096 millones para el periodo 2021-2022.

Por eso, Seopan propone esos cerca de 24.000 millones en inversiones para solucionar este déficit histórico de infraestructuras, que generarían un beneficio social de más de 3.200 millones de euros en concepto de prevención de inundaciones, desertización, cohesión social o gestión de recursos.