Seguridad Nacional recalca que tiene «prohibido» supervisar medios de comunicación y que la orden del BOE no lo permite

MADRID, 6

El director del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), Miguel Ángel Ballesteros, ha recalcado este viernes que el Gobierno no va a vigilar ni a «supervisar» a los medios para que cuenten «la verdad», sino que la polémica orden que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tiene como objetivo detectar posibles campañas de desinformación e informar de ellas a Europa; campañas que, en general, suelen ser fruto de «injerencias extranjeras».

De hecho, ha afirmado que el Gobierno tiene «prohibido» supervisar medios de comunicación porque no se recoge esta tarea en el BOE, y «lo que no está permitido en el BOE, está prohibido». «En el BOE no se habla de verificar, de fake news , de contrastar información, de supervisar a los medios. Solo de habla de campañas de desinformación. Todo lo demás el Gobierno con esta orden lo tiene prohibido, porque no lo tiene autorizado», ha zanjado.

Así lo ha asegurado durante el debate Guerra a la desinformación: ¿Quién decide lo que es falso? organizado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), en colaboración con la Asociación de Periodistas de Investigación (API), la Plataforma por la Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y Maldita.es.

El general Ballesteros se ha centrado en sus intervenciones en despejar dudas sobre la orden que el Gobierno publicó a principios de noviembre en el BOE, generando una gran polémica y muchas dudas entre los medios de comunicación, por el llamado Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional que se detallaba en ella.

En concreto, dicha orden afirmaba que, entre otras cosas, el Gobierno «monitorizará» la desinformación y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios».

Según ha explicado Ballesteros, el procedimiento aprobado da respuesta a la petición que realizó la Unión Europea para que los Estados miembros colaboraran en la detección de campañas de desinformación, al confirmarse que ha habido «injerencias extranjeras» en proceso electorales como el de Estados Unidos en 2016 o en Francia en 2017.

«El procedimiento es simplemente para organizar a los Ministerios en la lucha contra las campañas de desinformación», ha defendido el responsable del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Ballesteros se ha referido a una de las frase que generó más recelos; en concreto, la que afirmaba que una de las líneas estratégicas es «fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel de la sociedad civil», y también la de «abordar la desinformación de manera coherente, considerando la necesidad de examinar los medios que se utilizan para interferir los sistemas democráticos, basándose en las acciones sobre la lucha contra la desinformación relacionada con la COVID-19.

«Eso se lo han adjudicado al procedimiento, cuando el procedimiento ni lo tiene entre sus propósitos ni en sus cometidos ni en sus funciones que figuran en el anexo», ha recalcado. «Es un procedimiento exclusivamente para ordenar el tráfico de información entre el Centro Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio del Interior, y todos los que por una razón o por otra detectan campañas de desinformación de injerencias extranjeras», ha ahondado.