SCS ha aplicado un milló n de euros en deducciones por incumplimientos a la adjudicataria de Valdecilla en un añ o
Sanidad reconoce que, aunque hubiera «querido» resolver el contrato, «no es posible» por su complejidad y por la indemnización
El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha aplicado en un año a la adjudicataria del contrato público privado del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV), la UTE Ferrovial-SIEC, en torno a un millón de euros en deducciones, entre 70.000 y 80.000 euros mensuales, por «incumplimientos» del mismo, principalmente en materia de servicios informativos, mantenimiento, limpieza o alimentación.
Así lo han revelado este lunes, a preguntas de los medios de comunicación, la consejera de Sanidad, la socialista María Luisa Real, y el director del SCS, Julián Perez Gil, durante la rueda de prensa de presentación de los Presupuestos de esta Consejería y del Servicio para 2018, que este año vuelve a incluir 43,6 millones correspondientes a la anualidad de este contrato, suscrito la pasada legislatura por el Gobierno del PP.
Real ha insistido en que «es un tipo de contrato que no responde» al modelo de gestión sanitaria del actual equipo de la Consejería ya que, a su juicio, «condiciona la capacidad de maniobra y de gestión del presupuesto», dado que esos 43,6 millones de la anualidad del contrato suponen el 11,5 por ciento del Presupuesto de Valdecilla, que es de 379 millones, un 1,07% más que en 2017, y un 16,2% del capítulo de gastos corrientes del SCS.
La consejera ha señalado que su equipo hubiera «querido resolver» el contrato si bien ha reconocido que «no es posible» por su complejidad, al incluir obras y servicios no sanitarios, y por la indemnización que habría que pagar.
Ante esta circunstancia por lo que se ha optado es por hacer un «seguimiento estricto» de su cumplimiento y realizar las deducciones oportunas en aquellos casos en que la adjudicataria no cumpla lo comprometido.
Según han dado a conocer, la adjudicataria tiene presentados varios recursos contra estas deducciones que comenzaron a aplicarse en noviembre de 2016 una vez que se suprimió una cláusula del contrato que era, según Pérez Gil, una especie de «amnistía» a la adjudicataria ante posibles incumplimientos.
