SATSE reclama una respuesta «conjunta e igualitaria» para acabar con las agresiones en toda España

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado a gobiernos y partidos políticos un proyecto de ley estatal que contempla más de 50 medidas concretas para luchar «de manera conjunta, coordinada y eficaz» contra la violencia física y verbal que sufren los profesionales sanitarios.

A través de un comunicado, el sindicato ha subrayado que el incremento en un 15 por ciento del número de agresiones a las enfermeras en 2022 demuestra que se trata de «un grave problema al que aún no se ha dado una respuesta por parte de las administraciones que incida de manera conjunta en la prevención, protección y atención a los profesionales».

Una vez realizado un análisis detallado del último Informe de Agresiones a Profesionales del SNS del Ministerio de Sanidad, SATSE concluye que «no existe la suficiente y necesaria concienciación y sensibilidad a nivel administrativo, político y social sobre una realidad que empeora con el paso del tiempo».

Por ello, SATSE subraya que contar con una Ley estatal contra las agresiones «evitaría que cada administración o gerencia actúe de manera independiente, y se pueda dar una respuesta igualitaria y uniforme». «Así, cualquier profesional, independientemente del lugar donde ejerza su actividad, tendría a su disposición los mismos recursos, atención y apoyo», esgrimen.

En el ámbito de la prevención, el Sindicato propone medidas como generalizar los sistemas de videovigilancia durante las 24 horas en los pasillos y en las salas de espera y de admisión, y que haya dispositivos sonoros de alarma en las consultas. También consideran que la iluminación debe ser óptima en cualquier estancia del centro. Otra actuación es incluir en la historia clínica del paciente sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria.

Entre las de carácter organizativo, SATSE plantea reducir los tiempos de espera, garantizar una ratio adecuada y segura de pacientes por enfermera e implantar un sistema de organización debidamente protocolizado para pacientes y familiares.

La organización sindical también apuesta por la creación de la figura del delegado de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario, que formaría parte del Comité de Seguridad y Salud del centro. Su función sería vigilar el cumplimiento de las medidas puestas en marcha, así como de demandarlas si no se estuviesen desarrollando de manera adecuada.