Satse rechaza el programa Farmacia Comunitaria Rural por considerarlo «un paso hacia la privatización»
El Sindicato de Enfermería (Satse) rechaza el protocolo sobre la Farmacia Comunitaria Rural , firmado entre el Ministerio de Sanidad, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el de Derechos Sociales y Agenda 2030; junto con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF), porque es «un nuevo paso hacia la privatización de la sanidad pública».
Para Satse, «la única solución es reforzar los recursos públicos de Atención Primaria con las plantillas suficientes». Así, afirman que se trata de un objetivo que deben asegurar las administraciones públicas, tanto las autonómicas como el Gobierno central, «que debe liderar e impulsar la repuesta conjunta necesaria para que ningún ciudadano quede desatendido, independientemente de su lugar de residencia».
Sin embargo, para la organización sindical, el Gobierno «no solo no está haciendo, sino que está propiciando que sea el sector privado empresarial el que se beneficie de la actual situación de precariedad de la asistencia en las zonas menos pobladas de España».
Según Satse, es «absolutamente contradictorio» que el actual Gobierno defienda la sanidad pública y, al mismo tiempo, «respalde e impulse la privatización de servicios asistenciales que pueden y deben realizar los enfermeros y médicos de los centros de Primaria».
El protocolo contempla, entre otras actuaciones asistenciales, la adherencia y seguimiento de tratamientos a enfermos crónicos, los sistemas personalizados de dosificación, etc.; así como acciones de prevención y promoción de la salud pública. Para la organización sindical, «estas acciones son competencia de los enfermeros y médicos en base a su formación y cualificación». «Todas estas actuaciones ya se vienen realizando sin que supongan ningún tipo de coste adicional para los ciudadanos», agrega.
En este punto, Satse incide en que el Gobierno y el CGCOF «deberían explicar públicamente si el acuerdo alcanzado conlleva una contraprestación económica concreta para los empresarios farmacéuticos».
«Entendemos el legítimo interés de los empresarios de las oficinas privadas de farmacia de querer aumentar sus beneficios económicos con este tipo de acciones, pero lo que es muy cuestionable es que una administración pública genere negocio a la empresa privada en lugar de apostar por ofrecer unos servicios públicos de calidad en cualquier municipio de nuestro país», apuntan desde la organización sindical.
Por último, Satse insta al Ministerio de Sanidad a tener en cuenta las más de 50 medidas que la organización sindical le ha propuesto últimamente para garantizar la mejora de este nivel asistencial.
