SATSE pide modificar la Ley General de Sanidad para que no sólo los farmacéuticos sean propietarios de las farmacias
El sindicato de Enfermería (SATSE) ha planteado a los principales grupos políticos con representación parlamentaria la presentación de una proposición de ley para modificar la Ley General de Sanidad y acabar con el «monopolio» de que solo los farmacéuticos puedan ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público.
SATSE ha elaborado un borrador en el que se pide la derogación del artículo 103.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, con el objetivo de que la hagan suya los partidos políticos con representación parlamentaria y la presenten en el Congreso de los Diputados para su pertinente tramitación.
Aunque ha reconocido entender la necesidad de que haya un titulado en Farmacia en las oficinas para dispensar los medicamentos al público con todas las garantías y ofrecer así un servicio de calidad a los ciudadanos, el sindicato ha cuestionado los motivos por los que los farmacéuticos tienen que ser el propietario y titular del establecimiento, evidenciando un «claro y vergonzante monopolio».
«La obligación establecida en la norma española de que el farmacéutico sea el propietario de la oficina de farmacia ha sido cuestionada por la Unión Europea al entender que entra en colisión con la regulación comunitaria. Es el caso del dictamen motivado emitido por la Comisión Europea en 2006 en virtud del artículo 226 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea», ha señalado SATSE.
En el texto de la proposición de ley planteada desde SATSE se recuerda, asimismo, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya se ha mostrado partidaria de eliminar la normativa que establece como requisito que los propietarios y titulares de las oficinas sean exclusivamente titulados en Farmacia.
En este punto, el sindicato ha informado de que la CNMC entiende que la restricción de que sean también titulares de las oficinas de farmacia supone una barrera de entrada al mercado, al impedir que otros agentes sean propietarios, y sostiene que la misma responde a la salvaguardia de intereses de los farmacéuticos ya establecidos, a los que facilita, vía menor tensión competitiva, unas rentas económicas derivadas de la titularidad de las oficinas.
La Proposición de Ley alude también a otras normas, como el Real Decreto 1/2017, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios o la Ley 16/1997, de regulación de los servicios de las oficinas de farmacia, las cuales establecen la presencia y actuación profesional de un farmacéutico como condición y requisito imprescindible para la dispensación de medicamentos pero no que deba ser éste también el propietario del establecimiento.
Finalmente, el sindicato ha esperado que los partidos políticos promuevan esta iniciativa legislativa en el Parlamento y se acabe con una situación de «claro monopolio comercial» que beneficia «claramente» a un colectivo empresarial concreto y discrimina a otros profesionales que puedan estar interesados en ser propietarios de oficinas de farmacia.
