El Sindicato de Enfermería SATSE ha redactado una carta dirigida al Ministerio de Sanidad en la que solicita que se impida la iniciativa adoptada por Cataluña de permitir que desde las oficinas privadas de farmacia se notifiquen nuevos casos positivos de COVID-19.

El acuerdo alcanzado entre la Generalitat de Cataluña y el Colegio de Farmacéuticos de Cataluña no supone ninguna mejora real y positivo para el sistema sanitario público, según indica SATSE, que considera que es una manera de «atraer clientes» a las oficinas privadas de farmacia.

En este sentido, subraya que, en lugar de seguir dando pasoshacia la privatización de la sanidad, la Generalitat, al igual que el resto de administraciones, deberían garantizar que haya medios y profesionales suficientes en los centros para que cualquier persona pueda realizarse la prueba con todas las garantías y sin tener que gastarse entre 10 y 15 euros por cada test.

«Es una decisión del gobierno catalán simplista, ineficiente e irresponsable. El no realizar una prueba PCR para confirmar el resultado, impide que haya el control y seguimiento necesario», ha asegurado el presidente de SATSE, Manuel Cascos, en la carta.

Otro aspecto que rechaza la organización sindical de la decisión adoptada por la administración catalana es que implica el conocimiento y tratamiento por parte de los farmacéuticos de información sobre salud de los pacientes especialmente protegida conforme a la legislación actual, así como datos de carácter personal también protegidos por la ley.

Por ello, el sindicato pide a Sanidad que haga las gestionesque considere oportunas para evitar que la Cataluña continúe adelante con lo acordado con el Colegio de Farmacéuticos y que otros gobiernos autonómicos puedan seguir sus pasos y firmen acuerdos similares en sus respectivos territorios.

Asimismo, SATSE reitera su rechazo a la realización deeste tipo de pruebas diagnósticas en las propias oficinas privadas de farmacia, como ya ocurre en alguna comunidad autónoma, por parte de unos profesionales que, como constata la normativa vigente, no cuentan con la cualificación y competencias para hacerlo con plenas garantías.

Al respecto, añade que las oficinas privadas no reúnen las condiciones adecuadas de seguridad para garantizar la protecciónde los ciudadanos a los que se realizan este tipo de pruebas, así como del resto de clientes que acuden para adquirir un fármaco o cualquier otro producto de los que se encuentran a la venta en este tipo de establecimientos (geles, cremas, champús, dentífricos), por lo que pueden convertirse en focos de transmisión del virus, tendiendo en cuenta que la variante Ómicron es muy contagiosa.

Por último, SATSE insiste en que se debería abordar la posibilidad de que los test de autodiagnóstico sean gratuitos o en su defecto que puedan ser adquiridos también en otros establecimientos comerciales y/o en grandes superficies para que, a través de la libre competencia, se propicie una rebaja del coste de los mismos que beneficie al conjunto de la ciudadanía, tal y como ya se hizo en su momento con las mascarillas.