Satse, pacientes y ANPE reclaman un enfermero en todos los centros educativos cuando se vuelva a las aulas
La Plataforma Estatal de Enfermera Escolar ha reclamado a las autoridades autonómicas competentes que los planes de contingencia frente al COVID-19 en los centros educativos incluyan la obligatoriedad de contar con un enfermero de cara a evitar riesgos para la salud y seguridad de los niños y jóvenes, así como del resto de la comunidad educativa.
La Plataforma, integrada por el Sindicato de Enfermería (Satse); el Foro Español de Pacientes (FEP) y el Sindicato Independiente de la Enseñanza Pública ANPE, subraya que la necesidad que «siempre ha existido» de que haya un enfermero en cada centro educativo es «ahora mucho mayor para que se pueda evitar la propagación del COVID-19 una vez se produzca la vuelta a las aulas en las distintas comunidades autónomas el próximo mes de septiembre».
Por ello, reclaman a los distintos servicios de salud que contraten a los enfermeros necesarios para que todos los centros educativos de la comunidad autónoma cuenten con estos profesionales para que puedan realizar labores de prevención y atención sobre COVID-19 y otras enfermedades o problemas de salud, así como de formación y fomento de hábitos de vida saludables entre el alumnado y el resto de la comunidad educativa.
Asimismo, insiste en que «no puede ser el personal docente el responsable de coordinar la realización de las actuaciones y medidas higiénico-sanitarias que resulten necesarias y fundamentales para la salud y seguridad de los niños y jóvenes», como así recomienda el documento del Ministerio de Educación, realizado junto al Ministerio de Sanidad, y muchas de las instrucciones dictadas sobre el principio del curso escolar en diferentes Comunidades Autónomas.
La Plataforma considera que el motivo principal por el que las consejerías de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas no quieren generalizar la figura del enfermero escolar en los centros educativos es «meramente económica», pese a que indican que «solo tendría un coste estimado de 16-20 euros al año por habitante». «Es momento de que los consejeros de Sanidad den un paso al frente y hagan realidad la justa y necesaria demanda de madres y padres, profesorado y enfermeros», apuntan.
