Satse denuncia la «grave precariedad» de las condiciones de las enfermeras en los centros penitenciarios

El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que la crisis de la Covid-19 ha provocado un «grave empeoramiento» de las condiciones de trabajo de las enfermeras que trabajan en los centros penitenciarios, y que, además, siguen paralizadas las negociaciones entre Gobierno y comunidades autónomas para el traspaso de la sanidad penitenciaria.

Asimismo, Satse ha criticado critica que, salvo en el caso de Baleares y Navarra, el Gobierno ha reconocido que «no hay ningún avance» en las conversaciones iniciadas ya en 2018 para propiciar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y, de esta forma, mejorar la atención sanitaria que se presta en los centros y las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios.

«Este claro desinterés por parte de las administraciones públicas es más grave si cabe cuando la situación de las enfermeras que trabajan en las prisiones ha empeorado aún más a consecuencia de la pandemia de la Covid-19 al tener que trabajar en condiciones más difíciles y penosas», han apuntado desde la organización sindical.

En este sentido, el sindicato ha señalado que en «ningún centro penitenciario de España» se están cubriendo las bajas motivadas por un contagio de Covid-19 o cualquier otra causa, ya sea de larga o corta duración, al igual que las motivadas por jubilaciones o vacaciones, lo que conlleva una «mayor sobrecarga laboral» en un entorno de trabajo «muy difícil e inseguro» para estos profesionales.

Asimismo, señala, se mantiene el «grave déficit estructural existente» en las plantillas enfermeras en los centros penitenciarios, resultando «absolutamente insuficiente» la oferta de empleo público realizada a principios de este año de un total de 97 plazas para todo el Estado.

Y es que, en la actualidad, hay de media solo una enfermera para atender a unos 100 personas privadas de libertad. A la falta de enfermeras en los centros penitenciarios se suma la de otros profesionales sanitarios, como médicos y farmacéuticos, lo que propicia que las enfermeras tengan que «asumir responsabilidades y realizar funciones que no les competen para no dejar sin atender a las personas privadas de libertad».

«La segunda ola de la Covid-19 está golpeando con fuerza a los centros penitenciarios españoles y la situación dista mucho de estar controlada, teniendo en cuenta, además, que las personas privadas de libertad son una población de riesgo, al tener muchas de ellas problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, padecer enfermedades infectocontagiosas y mentales, entre otras o tener ya una avanzada edad», ha dicho el sindicato.

Ante esta realidad, Satse ha reiterado la «urgente necesidad» de dar una solución a los problemas existentes de los centros penitenciarios, así como a las «penosas» condiciones laborales y profesionales de las enfermeras que trabajan en ellos, reclamando que se impulsen las negociaciones necesarias para que definitivamente se produzca el traspaso de la sanidad penitenciaria en lo que queda de legislatura, algo que ya también hizo su presidente, Manuel Cascos, en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país en el Congreso de los Diputados.