Satse, CESM y SAE reclaman una representación sindical «real» en la negociación con las Administraciones públicas

El Sindicato de Enfermería (Satse), el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y la Confederación Estatal Sindicatos Médicos (CESM) se han unido a la Plataforma EBEP 36.3, una organización que aglutina a más de 100 asociaciones sindicales de diferentes ámbitos, representativas de la Administración general del Estado, y que buscan «lograr una representación sindical real y democrática en la negociación colectiva de las administraciones públicas en España».

En el acto de presentación, el portavoz de la plataforma, Jesús Santos, ha explicado que, en la actualidad y a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo de marzo del 2018, las distintas administraciones públicas están aplicando una interpretación «errónea y desvirtuada» del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Esto supone que miles de empleados públicos, como es el caso de los sanitarios, «no están representados de forma justa y democrática en las Mesas Generales de Negociación estatal, autonómicas y locales, lo que claramente beneficia a los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO), Unión General de Trabajadores (UGT) y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)», según Santos.

«Esta realidad dificulta enormemente y de manera injusta la acción sindical de las organizaciones profesionales y sectoriales, muy mayoritarias en algunas administraciones públicas, abocándolas en la práctica a la desaparición a corto o medio plazo, del actual tejido sindical independiente ante la limitación de órganos de expresión y participación», advierte Santos.

Así, alerta de que «no se está garantizando la voluntad de los empleados públicos expresada libre y democráticamente en las urnas electorales sindicales para elegir a sus representantes en las mesas de negociación de sus condiciones laborales».

Al respecto, el secretario general de Acción Sindical de Satse, Rafael Reig, ha defendido que «los tribunales están interpretando el artículo del EBEP en beneficio de los tres sindicatos mayoritarios, mientras que a los demás nos exigen una doble condición».

Esta doble condición obedece a que, para participar en una mesa de negociación, se exige a cada uno de estos sindicatos una representación del 10 por ciento del personal laboral, así como el 10 por ciento del personal de función pública o estatutario, como ocurre en el caso de la sanidad, a diferencia de lo que se exige a las organizaciones sindicales mayoritarias.

«Hoy en día, en las Administraciones públicas, aproximadamente el 90 por ciento de los empleados públicos son funcionarios, y estatutarios en el caso de Sanidad. El personal laboral, en cambio, solo representa entre el 5 y el 8 por ciento de las Administraciones públicas. Sin embargo, el tener el 10 por ciento de ese personal laboral es una condición para entrar en las mesas generales de negociación», critica Reig, que puntualiza que «ese es el absurdo que se está produciendo». «Esto significa que está hiperrepresentado el personal laboral y, sin embargo, infrarrepresentado el personal funcionario», ha denunciado.

«La Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad está formada por Satse, sindicato mayoritario de la sanidad pública, y por ANPE, el de mayor representación de educación no universitaria pública. No obstante, siendo representantes de los colectivos de mayor representatividad en las CCAA, nos dejan fuera de las mesas de negociación por no tener el 10 por ciento del personal laboral», ha reiterado.

Por eso, ha explicado que la motivación de la creación de la plataforma es que se modifique el artículo 36.3 del EBEP, con una redacción «concreta» y que «no admita interpretación». «Queremos que claramente diga que, para sentarse en una mesa de negociación de cualquier administración, hay que tener el 10 por ciento de los representantes que se hayan elegido en el ámbito de esa mesa, sean funcionarios o laborales, todos juntos, sumado. De todos ellos, se calcula el 10 por ciento, que es lo que se hace con la mesa general de las administraciones públicas», remacha Reig.

MÁS DEL 80% DE LOS TRABAJADORES DE LA SANIDAD

Por su parte, el representante de CESM en esta plataforma, José María Soto, secretario general de CESM Castilla y León, ha hecho hincapié en que las tres organizaciones sanitarias (Satse, SAE y CESM) conforman más del 80 por ciento de los trabajadores de la sanidad. «Sin embargo, ninguna está en las mesas de negociación, cuando tenemos un número muy importante de empleados públicos», ha apostillado.

Por eso, al igual que Reig, ha insistido en la importancia de la modificación de la ley, con el fin de «mejorar la negociación y la representatividad de los trabajadores de la función pública, y para hacer una actividad sindical más justa y más limpia». Para llevar a cabo dicho cambio, ha indicado que el camino es «presionar a los partidos políticos y al poder legislativo, para que no cedan a las presiones de las grandes organizaciones sindicales, que buscan una especie de oligopolio».

Por su parte, la secretaria general de SAE, Dolores Martínez Márquez, ha insistido en la idea de que «la ley no dice lo que interpreta el Tribunal Supremo». «Estamos aquí porque estamos luchando por su modificación, y trataremos de ejercer toda la presión posible», ha concluido.

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