Santiago (IU) pregunta a Interior si actuará ante la asociación JUCIL por decir que la amnistía sería un golpe de Estado
El portavoz parlamentario de IU y diputado en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha preguntado al Ministerio del Interior si prevé tomar medidas ante la asociación profesional en la Guardia Civil JUCIL, después de afirmar que impulsar la amnistía situaría al país en un «golpe de Estado dictatorial».
Así lo traslada a través de una serie de presuntas parlamentarias donde requiere al departamento que dirige Fernando Grande Marlaska si tiene previsto abrir «alguna investigación o información reservada previa a iniciar un posible expediente disciplinario por no cumplir los deberes de neutralidad y por su clara voluntad de participar en la actividad política».
De esta forma, se refiere al comunicado de JUCIL durante esta semana donde advertía de que una amnistía «para decir lo que es delito» situaría al país «ante un golpe de Estado dictatorial», ya que el Gobierno «se impondría» sobre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, y «esto rompe con el Estado democrático y de derecho».
Al respecto, el dirigente de IU solicita a Interior su valoración ante la comunicación de la asociación de la Guardia Civil, pues evidencia su voluntad de participar en el debate político situándose junto a discursos y acciones «frentistas» que desde determinados sectores «se están alimentando de cara a la sesión de investidura que se celebrará en los próximos días».
En este sentido, Santiago argumenta que la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil establece en su artículo séptimo, sobre la libertad de expresión y de información, los deberes de neutralidad política y sindical.
También alude a que el artículo 9.5 de esta normativa establece que las asociaciones de guardias civiles no podrán llevar a cabo actividades políticas mientras que el artículo 18 «regula la prohibición de participar de actividades políticas y el deber de neutralidad y sindical en sus actuaciones».
Por tanto, critica que los pronunciamientos vertidos por JUCIL son «contrarios a los valores constitucionales y al ordenamiento jurídico».
«Esta asociación profesional no solo parece querer tomar partido en el debate político en un momento en que se están convocando manifestaciones y difundiendo manifiestos contra una posible amnistía, sino que señalando de golpe de Estado podría estar haciendo un llamamiento a la confrontación y a alimentar la crispación política y social», zanja.
