Santander Saluble alega a la ZBE, que denunciará ante los gobiernos de España y Cantabria, y no descarta ir a Europa

La Asamblea Ciudadana Santander Saludable (ACSS) ha presentado formalmente alegaciones a la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, actualmente en periodo de información pública, y ha anunciado que remitirá denuncias, acompañadas de las alegaciones, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la Consejería de Salud de Cantabria y el Ministerio de Sanidad.

Además, no descarta acudir ante la Fiscalía de Medio Ambiente, a la justicia y las instituciones europeas para denunciar «un posible fraude normativo y económico».

El colectivo sostiene que la propuesta actual es una «ZBE fraude», que ha sido impulsada «sin la debida justificación técnica, ambiental y legal», y que no cumplirá su objetivo principal de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de la ciudadanía. En su opinión, es una ordenanza «sin motivación y sin datos, que incumple los requisitos legales esenciales».

En concreto, la ACSS alega que la ordenanza no está motivada como exige la Ley 39/2015: no justifica el perímetro, los horarios, las exenciones ni el régimen transitorio; no cuenta con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado, exigido por ley; que el Ayuntamiento no ha hecho públicos los datos completos de calidad del aire y de ruido, y que delimita una ZBE «mínima», centrada en el Ensanche, «mientras ignora los barrios con mayor contaminación, tráfico y ruido».

Igualmente afirma que incluye exenciones y horarios «que neutralizan cualquier efecto ambiental, prolongando la saturación del tráfico»; que no define Zonas de Especial Sensibilidad, obligatorias en el entorno de centros escolares y sanitarios, y que carece de indicadores, metas y plataforma de datos de contaminación y ruido, con niveles instantáneos, máximos, mínimos y medios, diarios, mensuales y anuales, lo que impide evaluar la eficacia de la ordenanza y en un futuro de las medidas, a su juicio.

Por otra parte, la Asamblea ha anunciado que, dado que el Ayuntamiento ha impulsado una ZBE que «no protege la salud pública de ciudadanía,» remitirá denuncias, acompañada de las alegaciones presentadas, ante el MITECO, la Consejería de Salud y el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, la ACSS valora emprender acciones ante organismos europeos, la Fiscalía de Medio Ambiente y la justicia y no descartan acudir a las instituciones europeas, incluida la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), para denunciar «un posible fraude normativo y económico por incumplimiento de las obligaciones derivadas de las directivas de calidad del aire y movilidad sostenible».

Estudia trasladar los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente, dado el «potencial impacto sobre la salud pública y la posible omisión del deber de protección», y acudir a la justicia «para garantizar el derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio y a contar con una normativa eficaz, motivada y ajustada a derecho».

«El objetivo es que las administraciones y organismos competentes evalúen la inacción del Ayuntamiento, la falta de motivación normativa, la ausencia de medidas reales para reducir las emisiones y el incumplimiento del deber de proteger la salud pública, así como la posible malversación de dinero público destinada a un proyecto que, aun revestido de legalidad, no deja de ser un mero teatrillo normativo», ha explicado Santander Saludable.

Finalmente, la ACSS ha señalado que la responsabilidad de estas decisiones «recae directamente» en la alcaldesa, Gema Igual, y en el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro.