Santander reconoce que no verificó de forma independiente la información sobre Popular al comprarlo
Podría encontrarse con riesgos desconocidos
Banco Santander no verificó de forma independiente la exactitud y veracidad de la información pública disponible sobre Popular sobre la que realizó una evaluación del riesgo antes de comprar la entidad, debido a la urgencia del proceso, por lo que reconoce que podría encontrarse activos deteriorados, riesgos desconocidos y pasivos ocultos que podrían exceder sus previsiones y tener un impacto sobre el negocio del grupo.
Así consta en el último folleto de actividad continuada remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el que no descarta que la información facilitada por Popular al mercado o al banco contuviera «errores u omisiones». «Dadas las particularidades y la urgencia del proceso mediante el que Banco Santander adquirió Popular, no se obtuvieron declaraciones y garantías distintas a las relativas a la titularidad de las acciones adquiridas en relación con los activos, pasivos y, en general, el negocio de Popular», señala el banco.
Además, el folleto explica que Santander compró Popular estimando que generaría sinergias y beneficios para el grupo por la implantación de modelos de gestión de negocios y de operaciones más eficientes desde el punto de vista de ingresos y costes, pero advierte de que la adquisición «podría no proporcionar los resultados y beneficios esperados y exponer al grupo a riesgos no previstos».
«Es posible que Santander haya sobrevalorado estas sinergias o que no lleguen a materializarse, lo que podría suponer un efecto significativo adverso para el grupo Santander», indica la entidad.
RIESGOS LEGALES
Otro gran riesgo derivado de la adquisición de Banco Popular es el relacionado con los distintos procedimientos judiciales y reclamaciones interpuestos contra el banco derivados de su resolución, la compra por parte de Santander o la adquisición de acciones en la ampliación de capital de Popular en 2016.
Si bien Santander ha estimado en 680 millones de euros el coste de las potenciales compensaciones a los accionistas de Popular, cantidad ya provisionada en las cuentas de 2017, «podría producirse un efecto adverso significativo en los resultados y en la situación financiera del grupo Santander» en el supuesto de tener que abonar compensaciones adicionales, ya que reconoce que «no es posible anticipar las pretensiones concretas que se harían valer, ni sus implicaciones económicas».
En esta línea, Santander se enfrenta todavía a las acciones individuales y colectivas derivadas de las cláusulas suelo en las que está inmerso Popular, que podrían tener un impacto significativo en los resultados del grupo si los costes resultantes fueran superiores a las provisiones constituidas. A 31 de diciembre, el grupo estimó que el riesgo máximo asociado a cláusulas suelo ascendería a 900 millones de euros, sin tener en cuenta las devoluciones realizadas. Considerando las devoluciones ya practicadas, este riesgo máximo asociado estaría cubierto con provisiones ligeramente por encima del 50%.
En total, para cuestiones procesales, litigios por impuestos y otras provisiones, el grupo presidido por Ana Botín contaba, al cierre del pasado ejercicio, con un total de 5.841 millones de euros, de los que 1.666 estaban constituidos en sociedades españolas. Según el documento remitido a la CNMV, el importe de provisiones es «considerablemente inferior» a la cantidad que resultaría de las demandas interpuestas contra el grupo, cuya incertidumbre asociada «impide garantizar que las pérdidas derivadas de su resolución no excedan considerablemente las provisiones».
CATALUÑA Y BREXIT
El folleto continuado de Banco Santander también hace referencia a la exposición del banco a ciertos riesgos macroeconómicos y políticos, como el Brexit o los movimientos a favor de la independencia de Cataluña.
Según el banco cántabro, el desenlace de las tensiones políticas y sociales en Cataluña sigue siendo incierto y «podría afectar a los negocios, las condiciones de financiación o el entorno en que el grupo opera en esta Comunidad Autónoma y el resto de España, y podría tener un efecto adverso material en los negocios, situación financiera y resultados del grupo».
En cuanto a la salida del Reino Unido de la UE, Santander explica que está sujeto a una regulación y supervisión significativas por parte de la UE y que existe «gran incertidumbre» en canto a los entornos jurídicos y regulatorios en los que operarán sus filiales en Reino Unido cuando el país abandone la Unión Europea.
«Es posible que las filiales del grupo en el Reino Unido ya no puedan apoyarse en el marco transfronterizo para los servicios financieros y se les exija solicitar autorización en varias jurisdicciones de la UE, cuyos costes, plazos y viabilidad son inciertos, lo que podría tener repercusiones significativas en las operaciones, rentabilidad y negocio del grupo», advierte la entidad.
Además, estos acontecimientos políticos podrían dar lugar a una mayor volatilidad de los mercados y a cambios en el panorama fiscal, monetario y regulatorio en el que opera el grupo, lo que podría conllevar «efectos adversos materiales en su acceso a capital y liquidez en condiciones aceptables y, a nivel más general, en su negocio, situación financiera y resultados operativos».
Por otro lado, Santander apunta que el ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado volatilidad en los mercados financieros globales y ha creado incertidumbre en las relaciones con México. «Una volatilidad continuada del peso mexicano o cambios en la política comercial y de inmigración de EEUU respecto a México u otros países de Latinoamérica pueden tener un efecto adverso material en las economías de dichos países y afectar, de forma material, a los negocios, situación financiera y resultados del grupo», señala.
