Santander espera «no repercutir» el «tasazo de basuras» a los vecinos
La alcaldesa, Gema Igual, indica que desde la FEMP se ha solicitado retrasar su aplicación o que lo asuma el Estado
El Ayuntamiento de Santander espera «no tener que repercutir» el «tasazo de basuras» a los vecinos, una nueva tasa para que pague más quien más residuos genera, que parte de Europa y que los ayuntamientos deberán aplicar a partir de abril de 2025.
Igual confía en no tener que aplicar este «tasazo de basuras o tasazo Sánchez», como lo ha llamado, porque se retrase su aplicación o porque lo asuma el Gobierno central, tal y como se ha solicitado desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Mientras, la alcaldesa ha indicado que el Consistorio ha encargado un estudio a la Universidad de Cantabria (UC) para conocer cómo se podría repercutir llegado el momento –habría también que desarroollar una ordenanza–, pero ha considerado que los ayuntamientos «no estamos para gravar más a los ciudadanos».
En el estudio, se ha pedido a la UC que interprete las diferentes formas en que se podría aplicar la tasa como, por ejemplo, «por número de personas que convivan o a lo mejor dependiendo de otros suministros», de forma que se pueda ir trabajando en ello pero con el objetivo puesto en «no repercutir ese tasazo a los santanderinos».
Igual así lo ha señalado este miércoles a preguntas de la prensa sobre esta tasa por la generación de residuos que no está contemplada en las ordenanzas fiscales para 2025, que se aprobaron de forma inicial en el pleno del Ayuntamiento de este martes.
«Es muy difícil de interpretar porque nos parece injusto que 175.000 santanderinos tengan que pagar un impuesto porque algunos de ellos no reciclan», ha dicho la regidora, y se ha preguntado cómo se va a «premiar» a los que sí lo reciclan correctamente. Igualmente, ha señalado que tampoco podría repercutirse por vivienda, porque no es lo mismo en la que reside una personas que en la que lo hacen seis.
«Es una ley inoportuna. No es justa», ha espetado Igual, para quien, tal y como se está pidiendo desde la FEMP, debe retrasarse su aplicación o «que asuma el Gobierno central» las cantidades económicas correspondientes.
