Salud dice que «no puede» expedientar a las empleadas de Sierrallana condenadas pero estudia las condiciones laborales
Si se demuestra que existe riesgo, podría barajar medidas como el traslado
La Consejería de Salud asegura que «no puede» abrir expediente a las cuatro trabajadoras del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital de Sierrallana condenadas por coacciones a sus compañeras, pero ha creado un grupo de trabajo sobre riesgos laborales para valorar la situación del servicio tras su sentencia.
El consejero del área, César Pascual, ha explicado este jueves a preguntas de los medios que «no puede haber una doble condena» -la del juzgado y la de la Administración»- para estas empleadas que tienen una plaza en el sistema público, pese a que «estaría encantado» de expedientarlas.
«Lo dije desde el principio, me parecen unos hechos gravísimos. Lo dije desde el primer día y estaría encantado de que alguien me demuestre que yo ahora puedo abrir un expediente», ha dicho.
Dado que los servicios jurídicos aseguran que no es posible, se está analizando la situación del servicio para ver si su continuidad supone «un riesgo laboral» o psicológico para las víctimas, pues en ese caso se podrían barajar medidas como el traslado.
Y es que, según ha explicado Pasual, a la sentencia «no nos podemos agarrar» porque no las inhabilita, y por tanto «no es motivo suficiente para que no trabajen juntas». «Lo normal» habría sido que el Gobierno se hubiera personado en el juzgado para pedir que la inhabilitación se impusiera en la sentencia -como en el caso de Obras Públicas -, pero no se hizo y ahora «está prescrito», ha añadido.
Así, a quienes aseguran por el contrario que sí hay fórmulas para poder abrir un expediente, les ha pedido que «lo demuestren». «Una cosa es lo que moralmente podamos pensar y otra lo que legalmente podemos hacer», ha remarcado.
También ha indicado que si las víctimas ven un riesgo en su puesto de trabajo deben acudir al servicio de prevención de riesgos laborales de su empresa para que tome medidas, porque «eso no lo hace la administración ni la Consejería» porque «no es competente».
