Salud Baleares admite que Fomento les envió en 2020 a Koldo, que les dio el contacto de la empresa de mascarillas

Justifica la demora en reclamar los 2,6 millones: Si se hubiera hecho antes, las mascarillas no se habrían podido usar como stock

El que fuera director general del Servicio de Salud de las Illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino ha reconocido este lunes en el Congreso que en abril de 2020 el Ministerio de Transportes les pasó el contacto de Koldo García Izaguirre y que fue el entonces asesor de José Luis Ábalos quien le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros.

Así lo ha explicado durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia en pandemia y que este lunes dedica sus comparecencias a los adjudicados en Baleares.

En su exposición inicial, ha hecho una relación de los principales proveedores de material sanitario del Gobierno balear en esos primeros meses de pandemia, empezando por Raya Holdings, que les realizó siete entregas y con la que contactaron gracias a una abogada de origen chino y residente en Palma, y otra de Shanghai con seis entregas que les recomendó la CEO de una empresa turística china. «En el peor momento de la pandemia se contactó con más de 73 empresas», ha añadido, recordando que Soluciones de Gestión sólo parece en un único contrato.

Palomino, que en abril de 2020 era director de Presupuestos del Servicio de Salud de las islas (IB-Salut) y en julio de aquel año fue ascendido a la dirección general del servicio, ha recordado que aquel mes, durante una reunión de la comisión de compras permanente que se había creado en Baleares, recibió una llamada «del Ministerio de Fomento» para saber si necesitaban mascarillas en las islas porque iban a realizar una gran compra.

EL MINISTERIO LES OFRECIÓ SUMARSE A UNA COMPRA ACUMULADA

Según ha dicho, no es capaz de recordar quién realizó esa llamada de 2020, pero en todo caso, ha subrayado que él no conocía a nadie en el Ministerio y cree que era algún funcionario «no especialmente significado». Esa persona le habló de que estaban preparando una compra acumulada de material y le preguntaba si necesitaban mascarillas para participar. Baleares quería mascarillas FFP2 y KN95, así que envió un mensaje al móvil que le dio su interlocutor del ministerio.

Y ese teléfono era el de Koldo García, que respondió con una llamada presentándose como asesor del Ministerio. Palomino le confirma su interés en comprar mascarillas y le pide detalles sobre el transporte del producto. Según ha relatado, Koldo le remitió al empresario Íñigo Rotaeche del que le facilitó el teléfono y el correo electrónico.

«A partir de ahí se le pone en contacto con la Subdirección de Compras y se sigue el procedimiento habitual, realizándose una adquisición de 1.480.600 unidades de mascarillas KN95 a un precio de 2,50 cada una», ha señalado Palomino, destacando que era un precio inferior al habitual de aquellos días.

ARMENGOL «JAMÁS» SE INTERESÓ POR LA COMPRA

A instancias del PSOE, Palomino ha remarcado que «jamás» la presidenta Francina Armengol se interesó por esa compra ni ninguna otra del servicio de salud, ni tampoco la consejera, y que tampoco recibió presión alguna del Gobierno para contratar con la empresa que promocionaba Koldo García.

Pero para el portavoz del PP, José Vicente Marí, el Gobierno balear actuó para «proteger» a la trama pues el servicio balear de salud declaró de emergencia una contratación de mascarillas que no era urgente, ya que no eran FFP2 de uso hospitalario, pagó el importe íntegro pese a saber que las mascarillas no cumplían las condiciones e incluso certificaron su calidad.

Sin embargo, el PSOE ha insistido en preguntar a Palomino si el contacto de Koldo García se lo ofreció alguien de la trama, de primer o segundo nivel, a lo que el exdirector de Salud ha tachado de «bulo» que se lo ofreciera Armengol o algún consejero balear. «No hay nada que ocultar», ha manifestado.

TARDARON TRES AÑOS EN RECLAMAR

Los socialistas han sacado a colación la reclamación que inició el Gobierno balear de 2,6 millones de euros a esta empresa vinculada a la trama de Koldo y que se produjo tres años después de la compra de las mascarillas.

Al ser preguntado por qué deciden reclamar en marzo de 2023 y no antes o después, el que fuera director del Servicio de Salud de Baleares ha explicado que tenían cuatro años para recurrir y esperaron al tercero porque, si se hubiera reclamado antes, se habría «bloqueado el stock» y estas mascarillas dejarían de estar disponibles para una nueva oleada.

«Nosotros queríamos tener disponible el stock y luego revisar si las características técnicas estaban ajustadas al precio que pagamos en su momento, dado que era una empresa española y no teníamos mayor problema. Una reclamación de un expediente de emergencia representa muchísima complejidad y teníamos cuatro años», ha sostenido.

De la misma manera, los socialistas han preguntado a Palomino si el nuevo Gobierno popular de Marga Prohens conoció el expediente de reclamación cuando se inicia su gestión, a lo que el exdirector de Salud asume la responsabilidad de que cuando él estaba en funciones se emita el expediente y se lo comunica a la siguiente administración.

Palomino ha proclamado que es «militante socialista, con mucho orgullo», pero ha rehusado criticar a su sucesor en el cargo. «Nunca he criticado a quien me ha precedido ni sucedido, creo que todos los gestores intentamos hacerlo lo mejor posible», ha dicho.

SIEMPRE FUERON PARA USO «DOMICILIARIO»

Durante el interrogatorio del representante de Vox, Jorge Campos, Palomino ha indicado que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión se compraron para «uso domiciliario» y que siempre estuvieron «fuera del servicio logístico hospitalario».

Campos ha dado por hecho que el servicio de salud, al darse cuenta de que «les habían estafado», empezaron a defender que las mascarillas siempre se pidieron para uso «domiciliario» pero no era cierto.

El compareciente ha cuestionado ese «relato» y se ha quejado de que se le intente «juzgar» antes de que los «hechos delictivos sucedan». «Esto es un poco como Minority report «, ha apuntado, mientras en otro momento del interrogatorio ha denunciado que se someta a «laceración pública» a la gente que aquellos días estuvo al pie del cañón para encontrar un material muy difícil de adquirir y que «no aparece en ningún sumario».