Rueda reafirma solo se analizará declarar zonas de vivienda tensionada en Galicia si lo pide un ayuntamiento
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29
El presidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, se ha reafirmado en que el Ejecutivo autonómico no prevé declarar de oficio zonas de vivienda tensionada, pero, si bien ha reiterado el rechazo de la Administración gallega hacia la ley de vivienda, ha afirmado que la cumplirá y se analizará la cuestión siempre que haya petición de un ayuntamiento. Eso sí, deberá estar «muy bien argumentada».
«Si hay esa petición, por supuesto que le daremos para adelante. Pero insisto, habrá que hacerla justificadamente y argumentarla», ha afirmado, preguntado en relación a este asunto y después de que la regidora de A Coruña, la socialista Inés Rey, instase a la Xunta a «ponerse a trabajar» para declarar A Coruña mercado tensionado.
Rueda ha manifestado ser consciente de que es preciso que baje el precio de los alquileres, pero se ha mostrado convencido de que esta no es la vía adecuada. En todo caso, ha remarcado que, mientras la ley «esté en vigor», el Ejecutivo gallego la va a «cumplir», lo que implica que «si algún Ayuntamiento pide y justifica» ser zona tensionada, pues la normativa «será aplicada».
«Tendría que ser una iniciativa de un Ayuntamiento y con mucho impacto. Tienen que argumentar muy bien cuáles son las razones, cuál es la situación y cuáles serían los beneficios», ha advertido, antes de añadir que por ahora, «lógicamente», no ha llegado ninguna solicitud.
«No llegó ninguna documentación ni solicitud, incluido del Ayuntamiento de A Coruña», ha remarcado.
RESIDENCIAS
En otro orden de asuntos, el mandatario gallego ha sido preguntado en relación a la información que avanza praza.gal , según la que la Fundación Fesan se ha hecho con dos residencias de las donadas por la Fundación Amancio Ortega al presentar la mejor oferta económica y rebajar un 12% el coste de las plazas.
Rueda ha justificado que el porcentaje del 40% de puntuación en el concurso para la oferta económica es «un requisito legal», por lo que la Xunta no puede «ignorarlo» entre los parámetros para adjudicar la gestión. «Es un criterio que, por la ley de contratos, debe ser tenido en cuenta obligatoriamente», ha añadido.
Finalmente, preguntado sobre las denuncias de «censura» a ponentes ligadas al BNG en un proyecto de la Diputación de Pontevedra, Rueda ha asegurado no tener «conocimiento» de este asunto y ha declinado pronunciarse al respecto.
