Ron insiste y pide a la Audiencia Nacional que compruebe si la declaración de inviabilidad del Popular «era evitable»

Se dirige a la Sala después de que el instructor, en línea con la Fiscalía, rechazase una batería de diligencias

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que inste al juez encargado de investigar los hechos que llevaron a la resolución del banco a practicar una serie de diligencias destinadas a comprobar si la declaración de inviabilidad de la entidad «era evitable».

En un recurso de apelación de este mismo jueves, al que ha tenido acceso Europa Press, Ron trata de reconducir la negativa del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, que el pasado miércoles rechazó las peticiones del que fuera presidente de la entidad asegurando que las mismas se excedían de los hechos en los que indaga en esta causa. Ron, sin embargo, las considera trascendentales, «pertinente y útiles» para el ejercicio de su defensa.

El juez instructor, que hizo suyas las palabras de la Fiscalía, recordaba en su auto que la finalidad de las diligencias propuestas por el abogado de Ron eran comprobar si los consejeros del Popular fueron informados adecuadamente del significado y trascendencia de los acuerdos adoptados en el último consejo celebrado el día 7 de junio de 2017, especialmente sobre la declaración de inviabilidad del banco.

La representación de Ron planteaba a este respecto la posibilidad de que no se hubiese advertido a los consejeros que acordaron la inviabilidad del banco el escenario de la resolución, «que sin embargo ya se llevaba preparando en los días previos y que se decretó al día siguiente del Consejo».

Pero, a juicio del Ministerio Púbico, la intención de Ron era únicamente la de introducir en la causa un nuevo hecho como objeto de investigación que, a su juicio, no procedía. «Si lo que cuestiona y pretende con las diligencias propuestas es investigar el acto de resolución y venta del banco, este hecho está excluido del objeto de investigación de estas diligencias», recordaba Fiscalía.

LA «TRASCENDENCIA DE LAS DILIGENCIAS»

Sin embargo, la representación de Ron incide en que «no puede dudarse de la trascendencia de las diligencias solicitadas, cuya denegación produce efectiva indefensión a esta parte, que no puede, por sus propios medios y sin auxilio del Juzgado, disponer de la información necesaria para acreditar hechos relevantes, que pueden demostrar que la resolución del banco se debió a causas producidas a partir de la Presidencia» de su sucesor, Emilio Saracho.

Así, y en contra de lo sostenido por magistrado y Ministerio Público, su letrado aduce que las diligencias propuestas «son pertinentes y útiles, al referirse a las circunstancias en las que los consejeros firmaron la declaración de inviabilidad, previa a la resolución de la entidad, cuyo esclarecimiento resulta relevante para determinar la imputación objetiva del daño sufrido por los accionistas».

En esta causa, en concreto, el instructor investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

SOBRE LA DECLARACIÓN DE INVIABILIDAD

En este contexto, Ron incide en que su solicitud es esencial para «esclarecer si la declaración de inviabilidad era evitable, y si los consejeros, al adoptar la decisión, conocieron que la decisión adoptada conducía inmediatamente a la resolución de la entidad y la amortización de las acciones».

«En definitiva, si tenemos en cuenta que Banco Popular era un banco con un elevado patrimonio y una enorme capacidad de generar beneficios recurrentes, tal como se refleja en el Informe de los Peritos del Banco de España, la resolución del Banco no podría estar cabalmente entre las alternativas estratégicas de un gestor leal, salvo que tomase el control del Banco con la intención de entregarlo a un tercero a bajo precio», sostiene en su recurso.

Su abogado argumenta la insistencia en practicar las diligencias en tanto que, si consiguiese demostrar que la declaración de inviabilidad de un banco solvente debió ser evitada, y con ello la resolución de la entidad, el perjuicio al accionista no podría ser imputado objetivamente a Ron y su equipo gestor, sino que sería imputable objetivamente a hechos posteriores, atribuibles al nuevo equipo directivo.

Así, y a modo de conclusión, el recurso incide en que la denegación de práctica de estas pesquisas vulnera el derecho de Ron a la tutela judicial efectiva y a utilizar los medios de prueba, alegando que no resulta justificado que se deniegue la práctica de unas diligencias que considera de fácil ejecución y que resultan pertinentes y útiles no solo para su defensa, «sino también para las plurales acusaciones particulares que se encuentran personadas en la causa».