Rogelio Pujalte, investigado en el caso Koldo , pide al juez el archivo de la causa para él

El dueño del Depósito Judicial de Murcia Rogelio Pujalte, investigado por la Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo , ha solicitado al instructor Ismael Moreno el archivo de la causa para él al entender que no tiene «responsabilidad alguna en ninguno de los hechos que se persiguen».

Así consta en un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que señala que «después de una larga y laboriosa investigación» por parte de la Fiscalía, se presentó ante la Audiencia Nacional una querella por diversos delitos, «no habiendo en los 38 folios de los que consta (…) la más mínima referencia a mi mandante Rogelio Pujalte Martínez o a la sociedad de éste Depósito Judicial de Murcia SL».

«Tras 18 meses de investigación del Ministerio Fiscal y cinco meses de investigación judicial muy intensa, no hay la más mínima alusión ni vínculo de ningún investigado con Rogelio Pujalte», precisa, para luego añadir que Pujalte no es citado en la investigación hasta el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de 9 de febrero de 2024, cuando es detectado en una conversación telefónica tras una llamada del exasesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, a él.

Apunta que de esa conversación telefónica «no se desprende revelación alguna de nada» porque solo aconseja al exasesor que no utilice una aplicación de mensajería instantánea en sus comunicaciones, algo que «sencillamente no es delito».

La defensa indica además que de la transcripción de esa llamada se ha conocido que Koldo manifiesta: «No te preocupes que lo sé todo (…) que sé que están, cómo están, cuándo están». Y explica que es evidente que Koldo García «antes de esta conversación ya sabía que estaba siendo investigado».

Al hilo, recuerda que en una conversación previa captada entre Koldo García y su hermano Joseba en octubre de 2023 ya se podía observar que «tendría conocimiento de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil le estaría investigando».

«Con todo lo expuesto precedentemente ¿cómo se puede pensar que Rogelio revelara nada a nadie? Primero porque no dijo nada porque nada sabía y menos proveniente de funcionario o autoridad alguna, y segundo porque no constituye delito al no poderse revelar un secreto que no es secreto, puesto que Koldo y según la propia UCO, conocía su situación de estar siendo investigado cinco meses antes de la conversación telefónica con Rogelio», recalca.

LOS ANTECEDENTES Y EL DINERO INTERVENIDO

Por otro lado, la defensa apunta que el primero de los antecedentes penales que le achaca la UCO, figura como posible autor de un delito de malversación pública por la presunta alteración y manipulación de elementos intervenidos en un depósito judicial omitiendo el deber de custodia y conservación, es «total y absolutamente falso» y no aparecen «por ningún sitio».

En cuanto a los otros antecedentes, explica que las diligencias de investigación fueron archivadas una vez, reabiertas de nuevo, y ahora estarían pendientes de la resolución sobre un nuevo sobreseimiento solicitado.

En cuanto al dinero intervenido en los registros del depósito judicial, la defensa apunta que Pujalte «entregó a la fuerza actuante la cantidad total de 125.310 euros que obedecían al efectivo de caja contable de las mercantiles de las que es titular, más otros importes plenamente justificados».

Sobre el efectivo intervenido en su casa, que cifra en 5.900 euros, explica que estaba en un dormitorio y que pertenecía a su hija. «Con los altos ingresos demostrados de su padre el señor Pujalte, de verdad ¿es tan raro que su hija (…) disponga para sus gastos y ahorros la cantidad de 5.900 euros en efectivo en su casa?, darle otra interpretación es de todo punto sencillamente irracional», apunta.

Por otro lado, explica que «más del 90 por ciento de sus ingresos» provienen de su facturación derivada de su actividad principal como depósito judicial de la Administración del Estado, tanto del Ministerio de Justicia y su Gerencia Territorial en Murcia, como de las distintas Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias de provisión de medios materiales en materia de justicia, como la Valenciana, Andalucía, etc. Y recalca que «es palpable el origen lícito y transparente de dichos ingresos».

LA TRANSFERENCIA DE DE ALDAMA

Sobre la transferencia recibida del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, por importe de 100.000 euros, Pujalte la encuadra en su intento del presidente del Zamora CF de participar en su proyecto de armar «un buen negocio» en Murcia que cubriera «la necesidad hasta ahora inexistente, de una incineradora u horno crematorio de sustancias estupefacientes y demás residuos especiales en la zona».

Explica que De Aldama contribuyó para la licencia y proyecto «con una provisión de fondos de 100.000 euros (…), que pagó a través de la empresa Deluxe Fortune SL mediante transferencia del Banco Santander a la empresa Depósito Judicial de Murcia SL, haciendo constar desde un inicio en dicha transferencia y como concepto» que se trataba de una provisión de fondos y licencia del proyecto de incineradora.

«Por tanto, la realidad del negocio en proyecto como la provisión efectuada por el Sr. de Aldama a tales fines, resulta a todas luces incuestionable, no teniendo absolutamente nada que ver con la presunta trama de que tratan las presentes diligencias», explica.

Al hilo, resalta que «supone una interpretación ilógica, retorcida y contra reo» presumir que esa transferencia derivara de ingresos previos de De Aldama en sus empresas provenientes de lo abonado por mascarillas desde Puertos del Estado y desde el Servicio de Salud de Islas Baleares.