Aljaro (Abertis) pide a PP y PSOE que no se echen en cara la futura aprobación de peajes en las autovías

El consejero delegado de Abertis, la principal empresa concesionaria de autopistas en España, ha manifestado que ninguno de los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, deberían de echarse en cara la futura aprobación comprometida con Bruselas de introducir peajes en las autovías españolas.

En unas jornadas de Cinco Días , el directivo ha asegurado que ahora es un buen momento para tomar medidas que pueden ser «impopulares», pero que cree que dentro de dos o tres años, cuando estén implantadas en la sociedad, se verán las ventajas de haberlas introducido.

Entre estas ventajas ha apuntado, por ejemplo, a la reducción del déficit de más de 8.000 millones de euros en el mantenimiento de las carreteras, al aumento de la seguridad, a la reversión del dinero recaudado en políticas sociales como las pensiones de jubilación o a la mejora del transporte público.

En concreto, ha citado que un uso «razonable» en España sería que los más de 40.000 o 50.000 millones de euros que recibiría el Estado por la puesta en marcha de las concesiones se destinasen al sistema público de pensiones.

En cualquier caso, ha señalado que el pago por parte de los ciudadanos debería ser «justo», es decir que sea sostenible tanto económica como socialmente, defendiendo así el contemplar medidas sociales como descuentos a usuarios frecuentes o rebajar a las rentas más bajas.

Aljaro se ha mostrado optimista respecto al futuro de su actividad en España, país que en el pasado representaba el 40% de sus ingresos y ahora solo el 10%, dada su proyección internacional (opera en países como Francia, Estados Unidos o México) y la pérdida de algunas concesiones en España, donde el Gobierno ha decidido en los últimos años no renovar los contratos y hacerlas gratuitas hasta que se implante el nuevo sistema de peajes.

Otra de las oportunidades que este sistema destaparía en España es el impulso a la instalación de electrolineras, puesto que los contratos concesionales podrían obligar a las empresas a instalar puntos de recarga eléctrica cada 50 kilómetros, como se ha hecho en Francia.

Para las ciudades, el directivo también se ha mostrado defensor de un llamado cargo por congestión , como la tasa que existe en Londres desde 2003 para acceder al centro de la ciudad, que no solo contribuye a bajar la contaminación, sino también a reducir el tráfico urbano. Al mismo tiempo, Aljaro defiende «un compromiso con los ciudadanos» para que lo recaudado se destine a mejorar el transporte público.

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