Rivera insta al Gobierno a sumarse a los países que piden que el TPI investigue violaciones de DDHH en Venezuela

Cs quiere que el Congreso obligue al Ejecutivo a activar el régimen de protección temporal en España para los «exiliados» venezolanos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que el Gobierno de España debería sumarse a los países que han solicitado a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos que consideran que se han cometido en Venezuela desde 2014 bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

En una entrevista este martes en la cadena de televisión NTN24 durante su visita a Colombia, donde se ha reunido con el presidente del país, Iván Duque, y con opositores venezolanos, Rivera ha dicho que Ciudadanos va a insistir en que España apoye esta petición de Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá ante el TPI, a la que recientemente se ha unido Francia.

Estos países «han sido muy valientes y España tiene que acompañarles», ha señalado, abogando por «ser muy firmes frente a los tiranos y en la defensa de los derechos humanos».

INFLUENCIA DE PODEMOS SOBRE SÁNCHEZ

En su opinión, «España no puede mirar hacia otro lado» ni adoptar «posiciones tibias» ante la situación en Venezuela, donde «no hay elecciones, no hay separación de poderes, hay un éxodo masivo, pobreza, una economía destrozada, presos políticos e incluso asesinatos», ya que no cree que la caída del concejal opositor Fernando Albán desde un décimo piso mientras estaba detenido fuese un suicidio.

Sin embargo, ve «muy difícil» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez actúe contra el Gobierno de Maduro porque su posición en esta cuestión «se acerca más» a la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que a la de Felipe González y además tiene como aliado a Podemos, que «ha aplaudido al chavismo».

Por otro lado, Rivera ha recordado que Venezuela recibió en el pasado a muchos españoles que huyeron del régimen franquista y ahora España «tiene que ser un país de apoyo y acogida de muchos venezolanos».

Precisamente, Ciudadanos ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley para que el Pleno inste al Gobierno a condenar la «dictadura» de Maduro, adherirse a los países que demandan una investigación del TPI sobre posibles crímenes de lesa humanidad y activar los artículos 6 y 10 del Reglamento sobre Régimen de Protección Temporal en caso de Afluencia Masiva de Personas Desplazadas.

Esta última medida supondría que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación propondría al Gobierno aplicar esa protección, pensada para casos de evacuación, a los venezolanos que están abandonando su país por motivos políticos. Cs plantea que el Ejecutivo diseñe un plan de acogida para garantizar la inserción laboral de estos «exiliados» y su acceso a los servicios sociales y que colabore con Colombia, Estados Unidos y Brasil para establecer una estrategia conjunta de acogida.

Asimismo, la iniciativa pide que en los organismos internacionales el Gobierno reclame unas nuevas elecciones presidenciales en Venezuela que «cumplan con los estándares democráticos» y que en la UE se promueva una ampliación las sanciones específicas contra altos cargos del Gobierno de Maduro.

DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO COLOMBIANO Y EL ELN

En la entrevista en NTN24, recogida por Europa Press, el presidente de Ciudadanos ha comentado la oferta que Sánchez hizo al Gobierno de Colombia el pasado agosto para que España fuera sede de un eventual diálogo entre las autoridades colombianas y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«Yo quiero ser más prudente que el señor Sánchez, creo que el proceso de paz (…) hay que dejárselo al pueblo colombiano», ha manifestado, añadiendo que España puede ayudar o acompañar si recibe una petición de Colombia en este sentido, pero que hay que ser «muy respetuosos» y evitar cualquier «injerencia» en los asuntos de este país.

Por último, sobre el acuerdo de paz que el anterior presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rivera ha dicho que Duque le ha confirmado que lo va a implementar, pero que hay un «matiz», que él comparte, respecto a la posibilidad de que personas que puedan haber cometido «delitos de sangre» acaben teniendo representación parlamentaria.