El Gobierno inicia el procedimiento para «garantizar» el patrimonio de los propietarios afectados por los derribos
Media anuncia el envío esta semana de las primeras cartas para que los afectados elijan entre vivienda de sustitución o indemnización
El consejero de Fomento, Roberto Media, ha comunicado el inicio del procedimiento para garantizar el patrimonio de los afectados por las sentencias de derribo de sus viviendas en Argoños, mediante el envío esta semana de las primeras cartas a los 120 propietarios para que elijan si desean vivienda de sustitución o una indemnización.
Así lo ha anunciado el consejero personalmente a los propietarios de estas viviendas, ubicadas en las urbanizaciones Puebla de Mar (21) y La Llana (99), durante la reunión que han mantenido este sábado en el Centro Cultural de este municipio con los miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) para analizar la situación legal de las mismas después de que una sentencia del Tribunal Superior anulara el Plan de Ordenación de Los Recursos Naturales (PORN) de la Marisma de Santoña, Victoria y Joyel, lo que conlleva el derribo de estas 120 viviendas.
Tras señalar que solucionar este asunto es una «prioridad» para el Gobierno, Media ha garantizado a los afectados que los procesos para garantizar su patrimonio «no se van a eternizar» y la tramitación será «muy rápida» para que «todo se impulse lo antes posible».
En este contexto, ha informado que su departamento ya está buscando los terrenos necesarios en el centro de Argoños para construir las viviendas de sustitución. «Las negociaciones están avanzadas para que haya suficiente suelo para construir esas viviendas», ha informado a las familias afectadas.
Posteriormente, según ha dicho el consejero, en cuanto se dispongan de los terrenos, el Ejecutivo encargará la redacción de los proyectos y comenzarán las obras.
«Al final de esta legislatura los afectados habrán cobrado su indemnización y las casas de sustitución estarán ya muy avanzadas», ha subrayado, tras lo que ha señalado que «si lo podemos dejar solucionado en esta legislatura, lo haremos».
Respecto al envío de las cartas para ofrecer a los propietarios una vivienda de sustitución o indemnizar, ha informado que el Gobierno quiere tener con ello una «visión» de la situación y conocer «el escenario a manejar», aunque todavía «no comprometa a nada».
Por su parte, el alcalde de Argoños, José Barruetabeña, que también ha participado en este encuentro, ha valorado que Gobierno y Ayuntamiento tienen «la ruta marcada», están «volcados» en buscar soluciones» y el objetivo es que «nadie se marche» del municipio.
Barruetabeña ha indicado que ya se tiene una parcela negociada y habrá otras que se incorporarán para dar respuesta a las viviendas de sustitución.
El regidor ha trasladado a los afectados que serán los primeros en recibir noticias de este proceso y les ha pedido «un poco de paciencia», porque «antes de que acabe esta legislatura, todos tendremos claro lo que va a pasar», ha asegurado.
A este encuentro se han sumado, además de los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo de Argoños, otros afectados en los municipios de Escalante, Arnuero y Piélagos, lugares donde el Ejecutivo mantiene abiertos procesos para regularizar las viviendas sentenciadas o, en aquellos casos donde esto no es posible, ofrecer a los propietarios una vivienda de sustitución o indemnizaciones.
En concreto, el Ejecutivo ya ha comenzado la construcción de 15 viviendas de sustitución en Escalante y se han acabado otras tres en Argoños y 55 en Arnuero, que son todas las que estaba previsto construir y que se entregarán próximamente.
En Piélagos se está trabajando en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, cuyas determinaciones permitirían la regularización de 63 viviendas, ha informado el Gobierno.
«LUCES Y ALGUNAS SOMBRAS»
Por su parte, desde AMA han señalado que ven «luces y algunas sombras» a la propuesta del Gobierno.
Su presidente, Antonio Vilela, que ha agradecido al consejero y al alcalde la información, les ha instado a encontrar soluciones para todos los afectados de Argoños, ya que la asociación considera que tanto el PGOU como las licencias actuales quedarán anulados, lo que «obliga a ofrecer alternativas reales a 244 familias» en total.
Al final de la reunión, la asociación ha exigido «mayor celeridad» a las administraciones para «poner fin a la incertidumbre de cientos de familias y cumplir con las promesas realizadas y las resoluciones del Parlamento de Cantabria».
