Ribera afirma que «no tiene la menor intención» de prorrogar el plazo para autorizar los proyectos renovables
Insta a las comunidades autónomas a tomar todas las medidas para agilizar los trámites
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno «no tiene la menor intención» de prorrogar de nuevo el plazo para que los proyectos renovables consigan los permisos administrativos, que expira a finales del próximo mes de enero.
En rueda de prensa, Ribera afirmó que ya se ha hecho una ronda con todas las comunidades autónomas en las que se les ha insistido en que, después de que ya se adoptara una prórroga en noviembre del año pasado, ahora hay que resolver estos expedientes «en plazo».
Así, consideró «fundamental» que todas las administraciones autonómicas «agilicen» los tramites y refuercen sus equipos para ello, ya que deben asumir que «no cabe esa especie de trampa de suspéndase el plazo de nuevo».
«No es nuestra intención», advirtió Ribera, añadiendo, además, que desatascar el cuello de botella en la tramitación de los permisos de los proyectos verdes es una de las cuestiones que más preocupa a nivel europeo.
Asimismo, destacó la importancia de dar salida a estos expedientes ya que, a día de hoy, lo que existe es un «bloqueo» de la capacidad de utilización de las infraestructuras de transporte «que no beneficia a nadie».
El sector eléctrico ya ha advertido de que, en caso de no flexibilizarse los hitos temporales establecidos por el Gobierno para mantener los permisos de acceso y conexión, podrían caducar y ejecutarse garantías de hasta 100 gigavatios (GW), debido al potencial incumplimiento de los plazos.
En un informe realizado por Monitor Deloitte, junto con EDP, Endesa, Iberdrola y Naturgy, denominado La planificación y la tramitación de las infraestructuras eléctricas para la Transición Energética , se alerta de que «el acusado retraso» que acumula la tramitación de los proyectos de inversión en las infraestructuras eléctricas –renovables, redes y recarga del vehículo eléctrico– «es el principal riesgo para cumplir el objetivo de reducción de emisiones en 2030».
La flexibilización en los plazos asociados a los hitos intermedios de los proyectos, ante la imposibilidad de cerrar en tiempo y forma las solicitudes, es una de las peticiones recurrentes tanto del sector como de las distintas administraciones
ZONAS DE BAJAS EMISIONES.
Por otra parte, Ribera también estimó que se cumplirá el plazo previsto del próximo 31 de diciembre par que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes pongan en marcha antes del 31 de diciembre de 2022 una zona de bajas emisiones (ZBE).
A este respecto, recordó que «es una obligación conocida» desde que entró en vigor la Ley de Cambio Climático, por lo que consideró que «ha habido tiempo» y que hay ayuntamientos que «están trabajando ya en ello y, quizás no puedan completar toda la tramitación antes del 31 de diciembre, pero seguirán trabajando después».
