La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido esperar unas semanas a ver «cómo evolucionan» los acontecimientos antes de tomar una decisión sobre la prórroga de las medidas fiscales «excepcionales» adoptadas para combatir los altos precios de la energía.

En respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta de la representante del PNV María Mercedes Garmendia, Ribera señaló que «las medidas, con su carácter excepcional, deben irse tomando y prorrogando conforme vamos viendo cómo evolucionan las cosas».

«Sabiendo que hasta el 31 de marzo y 30 de abril estamos cubiertos, debemos esperar unas semanas a ver cómo se van comportando los acontecimientos a nivel europeo y también entre los distintos operadores», añadió.

A finales del año pasado, el Gobierno amplío hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz que pagan todos los consumidores con el fin de paliar el efecto negativo que la subida del precio de la electricidad está causando en los ciudadanos.

En concreto, se prorrogó hasta el 30 de abril las rebajas del 21% al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5,11% al 0,5%, mínimo legal. No obstante, la suspensión del impuesto de generación al 7% que pagan las empresas solo se ha ampliado, por ahora, hasta el 31 de marzo.

Además, en el caso del gas natural, se aprobó limitar durante el último trimestre de este año y el primero de 2022 la subida de la tarifa regulada y evitar así que se disparara por el encarecimiento de los precios internacionales del gas natural.

Ribera aseguró que «desde el primer momento» en que se entró en una espiral alcista en los precios energéticos el Gobierno pasó «muy rápidamente de las palabras a los hechos» y subrayó, además, que España «sigue insistiendo una y otra vez» en el espacio europeo para la adopción de medidas conjuntas.

En el caso de la industria, la ministra recordó que para este año hay una partida de 470 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) destinada a aliviar sus costes, así como un apoyo de 200 millones de euros para las garantías de firmas de contratación bilateral de electricidad y diferentes líneas abiertas para impulsar en la industria la transición energética.

FLEXIBLIZACIÓN PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS.

Por su parte, la senadora María Mercedes Garmendia apremió al Gobierno a tomar «medidas de choque», como el Real Decreto-ley sobre flexibilización de los contratos de suministro de electricidad y gas natural tanto para autónomos como para empresas adoptado durante la pandemia, ya que se está en una «coyuntura que refiere respuestas rápidas y eficaces».

«Adopten estas medidas de flexibilización generales, no son nuevas y son de tramitación sencilla, y pasen de las palabras a los hechos», añadió.