Revilla pide a Quiñones coordinación con los ayuntamientos para optimizar el control de las policías frente al botellón

El presidente remite una carta a la delegada del Gobierno en la que ofrece el apoyo del Ejecutivo regional

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha remitido hoy una carta a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, en la que le pide, en su calidad de máxima autoridad en las competencias de seguridad ciudadana en la Comunidad Autónoma, coordinación con los ayuntamientos para optimizar el control de las policías local y nacional y la Guardia Civil y paliar la escasez de efectivos frente al botellón.

El líder del PRC pide a la socialista, en su calidad de máxima autoridad en las competencias de seguridad ciudadana en la Comunidad Autónoma, que establezca medidas de coordinación con los ayuntamientos, a través de las juntas de seguridad, para que las policías local y nacional y la Guardia Civil «optimicen los procedimientos y protocolos» y adopten medidas que puedan paliar la escasez de recursos humanos para controlar el incumplimiento de las medidas de seguridad, y especialmente el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, que «pone en grave riesgo la salud de las personas, al constituir focos potenciales de transmisión» de la COVID-19.

Revilla apela en la carta a la cooperación y lealtad institucional entre las diferentes administraciones para garantizar la seguridad ciudadana y ofrece el apoyo del Gobierno, dentro de sus competencias, para esa labor de coordinación.

Además, recuerda a Quiñones que la competencia en materia de seguridad ciudadana en Cantabria corresponde a la Delegación del Gobierno y a las entidades locales, dado que la comunidad autónoma no la tiene asumida, ni cuenta con un cuerpo de policía propio.

En este sentido, el presidente valora el «alto grado de responsabilidad y dedicación» de los efectivos de los distintos cuerpos de seguridad. «La crisis sanitaria ha demostrado que las fuerzas y cuerpos de seguridad nos ofrecen más de lo que les es exigible por razón de su profesión, al igual que están haciendo los profesionales sanitarios, de emergencias, voluntarios y la ciudadanía en general», añade.

No obstante y ante el incremento de brotes y contagios de COVID-19, considera que las distintas administraciones deben poner en marcha los mecanismos que sus respectivas competencias les atribuyen, como ha hecho el Gobierno autonómico desde que finalizó el estado de alarma -agrega-, al establecer medidas sanitarias en todos los ámbitos competenciales de las diferentes consejerías.

De hecho, señala que los aforos y el consumo en los establecimientos de hostelería y restauración, incluidos los que tienen su actividad preferente en horario nocturno, «se han ido limitando y restringiendo en función de la evolución de la pandemia».

A pesar de esas limitaciones, el presidente destaca cómo el consumo de bebidas en la vía pública está poniendo «en grave riesgo» la salud de las personas, aun cuando la resolución del consejero de Sanidad del 24 de julio reduce a 15 la agrupación permitida de personas.

«El Gobierno de Cantabria ha ejercitado todas las competencias que la normativa nos atribuye. Por lo tanto, y dado que tanto la normativa estatal como la Ley autonómica 5/1997, de 6 de octubre, de Prevención, Asistencia e Incorporación Social en materia de Drogodependencia prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, ahora corresponde por ley orgánica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad garantizar la seguridad ciudadana», indica en la misiva, de la que ha informado el Gobierno en nota de prensa.

La carta es continuación del cruce de declaraciones que han protagonizado esta semana Revilla y Quiñones. El presidente urgió el martes a la Delegación de Gobierno a «controlar el botellón y los desmadres que se están produciendo», a lo que la socialista replicó instando al Gobierno regional a «utilizar todos sus medios y competencias» para prohibir el consumo compartido de bebidas alcohólicas en la vía pública, como ya están haciendo otros gobiernos autonómicos, o instar a los ayuntamientos a aprobar ordenanzas municipales restringiendo esta práctica.