Representantes del partido surgido de la extinta guerrilla de las FARC se reúnen con Duque en Bogotá
Representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredero de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se han reunido este viernes con el presidente del país, Iván Duque, para impulsar los acuerdos de paz.
Así, la formación busca acelerar la compra de tierras para proyectos productivos y viviendas, además de mejorar la seguridad de los excombatientes ante el gran número de asesinatos registrado y «como parte del proceso de reincorporación», ha señalado el partido.
«Peregrinos y peregrinas nos reunimos con Iván Duque y su equipo. Siempre mantendremos la esperanza puesta en el proceso de paz y haremos todo lo posible por seguir avanzando», ha dicho el FARC en su cuenta de Twitter.
Un encuentro con el mandatario figuraba entre las principales demandas de los exguerrilleros, que iniciaron hace semanas una marcha hacia la capital colombiana para exigir protección al Gobierno.
Por su parte, la Presidencia ha afirmado en un comunicado que el compromiso de Duque es acelerar el proceso de reincorporación de los exguerrilleros.
«Nos comprometimos y cumplimos. Que no haya ninguna duda del compromiso de este Gobierno con la reincorporación social y económica y la seguridad de los excombatientes de las antiguas FARC», ha afirmado el consejero presidencial para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, en su cuenta de Twitter.
Asimismo, ha señalado que están de acuerdo «en que las tierras se necesitan para los proyectos productivos y para los temas de vivienda».
El fin de semana unos 2.000 exguerrilleros llegaron a Bogotá para pedir al Gobierno el cese de los asesinatos y el respeto a lo recogido en el acuerdo. A lo largo de 2020 han sido asesinados 236 excombatientes, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla en noviembre de 2016, unos 11.000 guerrilleros se desmovilizaron y dejaron sus armas; de estos, unos 3.400 se ubicaron en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para desarrollar proyectos productivos como parte de su proceso de reinserción a la vida civil.
Sin embargo, algunos antiguos ETCR (cuya vigencia legal fue de sólo 24 meses, pero cuyas instalaciones aún se mantienen y ahora forman parte de los municipios) son objeto de presiones, amenazas y hostigamientos por parte de grupos armados ilegales relacionados con narcotráfico.
