Relatores de la ONU piden a las autoridades de México garantizar que futuras elecciones se celebren «en paz»

Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) han reclamado este martes a las autoridades de México que futuros procesos electorales en el país norteamericano se celebren «de forma pacífica», al tiempo que les han pedido que el período postelectoral sea igualmente «pacífico» y se investiguen todos los asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos registrados durante la campaña electoral para los comicios del domingo.

Con más de 20.000 cargos en juego, las elecciones del domingo fueron las mayores elecciones de la historia de México. Se votó por 500 miembros de la Cámara Baja del congreso y 15 gobernadores de estados, así como por miles de funcionarios locales.

Según los datos que manejan estos expertos, desde el pasado septiembre se han producido al menos 250 asesinatos políticos durante el periodo previo a la campaña y la propia campaña. Entre las víctimas figuran al menos 89 políticos y 35 candidatos, así como sus familiares, periodistas y funcionarios no políticos.

Además, hubo al menos otros 782 ataques por motivos políticos –que van desde amenazas de muerte hasta intentos de asesinato– contra políticos. Muchos candidatos abandonaron la campaña alegando que temían por su vida.

«Hacemos un llamamiento a las autoridades mexicanas para que pongan fin a la intensa polarización de la vida pública y que garanticen que las futuras elecciones se celebren de forma pacífica», han señalado los expertos.

«Llamamos a que se investiguen de forma completa y transparente los asesinatos de los candidatos políticos y las numerosas violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante la campaña y el día de las elecciones», han continuado, antes de subrayar que «esta es la única manera de que México avance democráticamente».

El paquete de medidas para asegurar una vida pacífica y democrática en México debe incluir, según los relatores, investigaciones «completas y efectivas» de todos los actos de violencia relacionados con el proceso electoral, justicia y reparación para las víctimas, así como medidas para asegurar que las futuras elecciones sean pacíficas y conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Si bien los relatores de la ONU y la OEA han reconocido los «esfuerzos» del Gobierno mexicano para «contrarrestar la violencia», incluyendo la reciente implementación de una estrategia para frenar la violencia política y las amenazas contra los candidatos, y los «esfuerzos genuinos» para asegurar que ningún votante sea «discriminado», han reconocido que esperaban no volver a ver los «asombrosos» niveles de violencia alcanzados en las elecciones de 2018.

«Este año ha sido, si cabe, aún peor», han lamentado, incidiendo en que «hay que tomar medidas serias de inmediato para apoyar a las instituciones democráticas para que dicha violencia no se repita durante las elecciones presidenciales de 2024».

«El derecho a la vida es absolutamente fundamental y los candidatos deben poder hacer campaña sin temer por su vida», han considerado. «México también debe respetar, proteger y cumplir los derechos a la libre asociación y a la participación en el proceso político, incluido el derecho de los ciudadanos a elegir al candidato de su elección», han insistido.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Asimismo, los expertos han expresado su «preocupación» ante la persistencia de patrones discriminatorios operados por los actores políticos, especialmente contra las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados, como los pueblos indígenas.

También, han manifestado su «especial preocupación» por el nivel de violencia sin precedentes contra las mujeres, incluidas las periodistas. Las agresiones contra las mujeres –incluida la violencia sexual– representaron más de un tercio de todas las agresiones denunciadas durante la campaña.

Según los expertos, la campaña ha puesto de manifiesto otros problemas de Derechos Humanos, como la presunta participación de la delincuencia organizada en la campaña y la intimidación que conduce a la autocensura de los periodistas, lo que, a su juicio, «obstaculiza la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones políticas con conocimiento de causa».

En este contexto, los expertos también han subrayado el «importante» papel desempeñado por las instituciones electorales independientes. «Son vitales para prevenir el fraude electoral y, por tanto, deben ser protegidas de cualquier presión indebida, intimidación o amenaza», han remachado.