Relatores de la ONU dicen que la amenaza de sanciones al TPI por parte de EEUU es una amenaza a su independencia
Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha alertado este jueves de que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de autorizar sanciones económicas contra los miembros del Tribunal Penal Internacional (TPI) que estén implicados en investigaciones contra el país supone una amenaza a la independencia judicial y un acto de «coacción».
«La aplicación de estas políticas por parte de Estados Unidos tiene el único objetivo de ejercer presiones sobre una institución cuyo papel es buscar justicia ante los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y agresiones», ha dicho el relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, Diego García-Sayán.
Así, ha señalado que «es un nuevo paso para presionar al TPI y coaccionar a sus miembros en un contexto de investigaciones independientes y objetivas y de procedimientos judiciales imparciales».
Por ello, los relatores han resaltado que «el uso de sanciones unilaterales contra jueces y funcionarios internacionales supone una clara violación no sólo de sus privilegios e inmunidades, si no de un amplio espectro de derechos de los individuos afectados».
En este sentido, han detallado que, entre otros, supondría «una violación de la prohibición de castigos por actos que no suponen delitos en el momento de ser cometidos, el derecho a un juicio justo, a la libertad de movimiento y a la privacidad y vida familiar».
«Estas amenazas suponen una interferencia inadecuada en la independencia del TPI y podrían tener un impacto negativo sobre los activistas, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes de las víctimas, que podrían verse disuadidos a la hora de cooperar con el TPI y, en consecuencia, dañar la posibilidad de que las víctimas de atrocidades accedan a la justicia», han remachado.
El tribunal ya lamentó «profundamente» la decisión de Trump y destacó que «es el último de una serie de ataques sin precedentes contra el TPI, una institución judicial internacional independiente, así como al sistema del Estatuto de Roma, que refleja el compromiso y la cooperación de los 123 estados miembro, que representan a todas las regiones del mundo».
Por su parte, la Casa Blanca recordó que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, considera cualquier acción por parte de la corte internacional como un «ataque», como ya han dejado claro en estos últimos meses sus principales líderes.
Washington arguyó que el tribunal adopta «investigaciones por motivos políticos», sin aludir directamente a la decisión del TPI de autorizar una investigación formal por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos.
«El TPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados», esgrimió la Casa Blanca.
Estados Unidos también reprocha a La Haya que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, abriera el año pasado una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino, lo cual pone en el punto de mira a Israel, estrecho aliado de Washington.
