«Rechazo frontal» de Cantabria a la financiación singular que se negocia en Cataluña «al margen» del conjunto del país
Agüeros demanda mayor agilidad de las entregas a cuenta de 2024, que suponen «un perjuicio de 130 millones de euros para Cantabria»
El Gobierno de Cantabria ha manifestado este lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado en Madrid, su «rechazo frontal» a la propuesta de financiación singular para Cataluña que se negocia a nivel regional en esta comunidad autónoma «al margen» del conjunto del país.
Frente al compromiso de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica en el seno CPFF, «nos preocupa que se negocie a nivel regional (PSC-ERC) una financiación singular para Cataluña, que supondría quebrar la solidaridad de todo el sistema e impediría el cumplimiento del principio de igualdad y solidaridad de la Constitución Española», ha trasladado el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros.
De cualquier forma, Cantabria ha reiterado su propuesta para avanzar en la reforma del sistema autonómico, que debe tener en cuenta, además de la mencionada multilateralidad, el coste efectivo de los servicios, el mantenimiento del actual estatus quo y el principio constitucional de igualdad territorial, ha informado el Ejecutivo en un comunicado.
Según ha abundado el consejero, «solo dentro de esta multilateralidad es legítimo que cada comunidad defienda sus intereses propios, que sin duda son diferentes» y ha rechazado que Cantabria sea una comunidad «sobrefinanciada» con el sistema actual de financiación autonómica.
A su juicio, la financiación recibida por Cantabria «está plenamente justificada», al asumir unos costes de prestación de los servicios públicos superiores al promedio como consecuencia de su tamaño, dispersión, envejecimiento poblacional y orografía.
Además, según ha recordado, en este planteamiento, el Gobierno regional «no está solo», sino que está avalado por todos los partidos en el Parlamento de Cantabria, incluido el PSOE, junto con CEOE-CEPYME y sindicatos.
RETRASO DE LAS ENTREGAS A CUENTA
Además, en la reunión del CPFF, Cantabria ha solicitado al Gobierno de España que las entregas a cuenta lleguen de forma «mucho más dinámica» y ha recordado que el Estado debe a la Comunidad Autónoma 130 millones de euros del pasado año, que «mantiene retenidos» desde enero y pertenecen a la Comunidad.
«Lo que reciben los cántabros del Gobierno de Pedro Sánchez es una absoluta falta de empatía y consideración al no actualizar, de forma caprichosa, las entregas a cuenta de 2024», ha denunciado el consejero, quien ha lamentado que este retraso «impide financiar a tiempo necesidades que tienen los cántabros y complican de forma innecesaria» la gestión de estos fondos.
«No nos olvidemos que son 130 millones que los cántabros han pagado con sus impuestos, con su IVA y su IRPF, y esa recaudación que realiza el Estado debiera estar ya reintegrada», ha remarcado.
Del mismo modo, ha criticado la «incertidumbre» que supone para las comunidades autónomas la convalidación pendiente del decreto ley en vigor para que finalmente estas entregas lleguen a Cantabria a partir del mes de septiembre.
DÉFICIT Y REGLA DE GASTO
Además de la propuesta de financiación autonómica, durante el CPFF, la Administración del Estado ha presentado las variaciones de ingresos y perspectivas económicas de cara a la elaboración de los presupuestos regionales del año 2025.
Las autonomías podrán incurrir en un déficit máximo del 0,1% del PIB en 2025, lo que supone dos décimas de margen fiscal respecto a la anterior senda.
Agüeros ha destacado en este punto que Cantabria desde los últimos meses se encuentra «con unas cuentas más saneadas» y en «una senda real de reducción de la deuda pública».
Respecto a la regla de gasto de 2025, el Estado permitirá a las autonomías un 3,2 por ciento de gasto frente a los 2,7 que se manejaban en principio. Según el consejero, el gasto ha subido, aunque el margen «es escaso», y ha recordado que solo el gasto de personal conlleva un incremento adicional a las comunidades del 2,5 por ciento.
Por ello, Agüeros se ha mostrado cauteloso, dado que ahora «habrá que analizar en qué repercute, calcular como va a incidir y qué gastos se van a computar en esa regla. Entendemos que hay gastos que deben excluirse», ha concluido.
