Raquel Sánchez, convencida de la solvencia jurídica y del respeto competencial de la Ley de Vivienda

Recuerda que hay otras leyes en las que el Estado ha operado de la misma manera, como la Ley de Dependencia

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido la solvencia jurídica, técnica y el respeto competencial de la Ley de Vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes.

«El Gobierno ha sido diligente en su tramitación y estamos convencidos de la solvencia jurídica, técnica y, desde luego, del respeto competencial de este proyecto de ley», ha remarcado la ministra durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Las palabras de la ministra se producen después de que senadora de EAJ-PNV, María Isabel Vaquero, haya denunciado ante el Pleno la grave «invasión competencial» del proyecto de ley aprobado hoy, recordando que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. «Esta ley se edifica en terreno pantanoso […] nace con una grieta que usurpa parte de competencias que no le son propias», ha alertado Vaquero.

Frente a estas acusaciones, Raquel Sánchez ha insistido en que el Gobierno conoce «sobradamente» cuáles son las competencias que corresponden al Estado, a las comunidades y en qué artículos de la Constitución se regulan esas materias. «En base a esa observancia estricta de la Constitución, hemos dado a luz un proyecto de ley que esperamos que sea aprobado en las Cortes Generales», ha señalado.

La ministra ha admitido, eso sí, que ha sido un trabajo «duro», aunque «escrupuloso», que respeta, «porque no limita ni invade», las competencias de las comunidades autónomas. Asimismo, ha recordado que hay otras leyes en las que el Estado ha operado de la misma manera, como la Ley de Dependencia.

«Se entiende que el Estado, dentro de las competencias que le otorga la Constitución en el artículo 149 debe garantizar el ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos a los españoles, con independencia del lugar o comunidad donde residen», ha recalcado.

Con todo, la ministra ha ensalzado que la ley «marca principios rectores» y pretende garantizar el derecho a la vivienda y evitar la especulación. «Está avalado juriprudencialmente que Estado pueda intervenir cuando se trata de garantizar el acceso a un derecho como es el de la vivienda y garantizar el ejercicio libre al derecho a la propiedad», ha remarcado.