Ramírez defiende el «diálogo constructivo y respetuoso» del Gobierno con la JEP y admite aspectos a mejorar

La ONU apunta a medidas de protección y prevención para acabar con la violencia e inseguridad tras el Acuerdo de Paz

La vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez, ha defendido este martes frente al Consejo de Seguridad el «diálogo constructivo y respetuoso» del Gobierno colombiano con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), aunque ha admitido que «hay aspectos susceptibles de mejoramiento».

En una sesión especial del consejo sobre Colombia, Ramírez ha insistido en que el presidente colombiano, Iván Duque, tiene «un compromiso indeclinable con el cumplimiento del Acuerdo con las FARC» y ha subrayado que no cesarán en los esfuerzos «para proteger a quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz».

En un comunicado remitido por la cartera de Exteriores, se recogen «los avances alcanzados en materia de reincorporación política, económica y social», que son «incuestionables», según Ramírez. Según las cifras que ha proporcionado, para abril de 2021, se registraron 13.998 personas como desvinculadas de la ya disuelta guerrilla, de los cuales «el 85,7 por ciento de los excombatientes ha recibido apoyos económicos mensuales del Gobierno».

En su discurso, la vicepresidenta ha manifestado la preocupación de la Administración por la todavía patente incidencia del narcotráfico como «fuente de ilegalidad y violencia». «El narcotráfico sigue siendo un desafío sobre el cual esperamos que las antiguas FARC avancen con mayor celeridad y profundidad en compromisos reales, incluyendo la identificación de las rutas del narcotráfico y sus aliados internacionales en el negocio».

Ramírez ha achacado al narcotráfico «las muertes de tantos líderes en nuestro país, defensores de Derechos Humanos, líderes de restitución de tierras y, sobre todo, de sustitución de cultivos».

En cuanto al trabajo de la JEP, ha puntualizado que «Si bien se ha progresado en líneas como la del secuestro, que asertivamente ha sido definido por la JEP como crimen de guerra y de lesa humanidad, la sociedad colombiana espera ver mayores esfuerzos y celeridad en los casos de violencia sexual y de reclutamiento de niños».

PROTESTAS

Ramírez también ha puntualizado que las protestas registradas desde hace dos meses en el país «no se deben a problemas de implementación del acuerdo». A este respecto, ha agregado que «el Gobierno respalda y avala la protesta, siempre y cuando sea pacífica y no se vea manchada por la violencia, la destrucción y el bloqueo de vías, que amenazan la vida e integridad de los colombianos».

Así, ha precisado que «el Estado tiene la obligación –legal y moral– de actuar para proteger los derechos del conjunto de la población en el marco de los Derechos Humanos». Y ha justificado la intervención de la fuerza pública frente «al proceso de destrucción sistemática, organizada, planeada y financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país» «vivido, con horror, en Colombia».

Por su parte, en la sesión, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha insistido este martes en la necesidad de adoptar medidas de protección y prevención para acabar con la violencia e inseguridad persistentes tras la firma del Acuerdo de Paz, frente a la persistencia de las agresiones contra excombatientes y tras resaltar los avances registrados en estos casi cinco años.

El jefe de la misión, Carlos Ruiz Massieu, ha presentado al Consejo de Seguridad de la ONU el informe trimestral sobre la implementación del acuerdo, que está «en una etapa crucial».

La persistencia de la violencia y la inseguridad evidencia «la necesidad urgente de mejorar las medidas de prevención y protección, así como de implementar provisiones concretas para desmantelar las organizaciones ilegales y enjuiciar a los responsables de crímenes».

También ha apuntado a la necesidad de «ampliar las instituciones estatales, los servicios públicos y la oportunidades de desarrollo de las comunidades afectadas por el conflicto lo más pronto posible».

Asimismo, se ha referido a las protestas, para reseñar que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de 56 muertos (54 civiles y dos policías) y de centenares de personas heridos entre el 28 de abril y el 16 de junio. En este sentido, «la sociedad y las instituciones colombianas deben ver la implementación del Acuerdo Final como una oportunidad para ayudar a abordar muchos de los problemas de larga data que enfrenta el país».