La Eurocámara reclama reparto «equitativo» de la acogida de refugiados para aliviar la presión de países de entrada

BRUSELAS, 17

El pleno del Parlamento europeo ha llamado a la solidaridad de los Estados miembro con sus socios más expuestos a la presión migratoria por ser entrada a la UE, como Grecia, Italia o España, y ha defendido la necesidad de establecer un reparto «equitativo» de los esfuerzos de acogida de demandantes de asilo para aliviar la carga «desproporcionada» que estos países soportan en el registro y acogida de los solicitantes.

De este modo, los eurodiputados señalan los problemas derivados de la aplicación del reglamento de Dublín, por el que toda la responsabilidad recae sobre los países de entrada, e insiste en la necesidad de reformar esta norma, a pesar de que la Comisión Europea la mantenga en su propuesta de reforma y los Veintisiete no hayan fijado una posición sobre el reglamento.

La resolución adoptada por la Eurocámara con 488 a favor, 98 en contra y 149 abstenciones critica que el reglamento de Dublín «impone una responsabilidad desproporcionada a una minoría de Estados, especialmente en momentos de afluencia importante».

Por ello, los eurodiputados defienden la creación de un «mecanismo solidario» que garantice el derecho fundamental de asilo y el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros.

También insisten en que los acuerdos ad hoc no pueden sustituir a un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) armonizado y sostenible y reclaman más recursos y capacidades para los países en primera línea mientras no haya una reforma de Dublín.

Además, los eurodiputados han adoptado otra resolución sobre la política de retornos en la Unión Europea que alerta de la ineficacia del sistema actual y advierten de que es una parte fundamental para asegurar el buen funcionamiento y eficacia de una política común de asilo y migración.

Los eurodiputados inciden en que la efectividad de la política de retorno de la UE no debe medirse sólo en función del porcentaje de retornos, sino también a la vista de su sostenibilidad y del respeto de los derechos fundamentales y las garantías procedimentales.

Según la resolución, los Estados miembros deben dotar con los recursos humanos adecuados y la formación necesaria a las autoridades responsables de la política de retorno y siempre que sea posible, debe darse prioridad a los retornos voluntarios. En cuanto a los menores no acompañados, deja claro que no deben ser retornados, salvo que pueda demostrarse que es en el mejor interés del menor.