Puigdemont defiende ante el TGUE que derogar la sedición persigue su extradición y demuestra «persecución política»
LUXEMBURGO, 25
La defensa legal del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha defendido este viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea que la reforma para la derogación del delito de sedición que se tramita en España tiene por objetivo facilitar la entrega del líder independentista a la justicia española lo que, a su juicio, pone en evidencia la «persecución política» que sufre y refuerza la necesidad de mantener la inmunidad que le asegura el escaño como eurodiputado.
«Es público y notorio que varios ministros y el propio (presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España», ha expuesto el abogado Gonzalo Boye durante la vista celebrada en Luxemburgo por el recurso interpuesto por Puigdemont y los otros dos exconsellers huidos de la justicia española elegidos eurodiputados por JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, contra la Eurocámara por tramitar los suplicatorios remitidos por el Tribunal Supremo.
«¿Cuántos cambios en códigos penales en los Estados miembro conocen para obtener una euroorden?», ha preguntado Boye a los seis magistrados que componen la sala del Tribunal General europeo que examina el caso, cuya sentencia –ante la que cabrá recurso– e espera para el primer trimestre de 2023, aunque no hay fecha fijada aún.
Además de apoyar su alegato de persecución política para tratar de defender que los eurodiputados deben conservar su inmunidad parlamentaria, la defensa de Puigdemont ha expuesto la derogación de la sedición para reforzar el argumento de que es un delito que no está tipificado en todos los Estados miembro por lo que no debería ser válido para ejecutar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) que pesan sobre ellos.
También ha apuntado que, si se concluye la reforma en España, «habría que analizar» las consecuencias para los tres eurodiputados, en especial en el caso de Clara Ponsatí que sólo es reclamada por el delito de sedición, a diferencia de Puigdemont y Comín, a los que además de este delito son reclamados por malversación.
La defensa asimismo ha puesto en duda que el Tribunal Supremo sea la autoridad judicial competente para tramitar los suplicatorios que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021 para que los tres políticos independentistas puedan ser juzgados en España; al tiempo que ha cuestionado la imparcialidad de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos responsable de redactar los informes que avalaron la suspensión de sus inmunidades y que fue refrendado por el pleno de la Eurocámara.
