Puig pide a Camps que dimita del CJC por «ética» y señala que «va más allá de un comportamiento personal»

Señala que debe haber una «condena social» a empresas vinculadas a la corrupción pero que un gobierno debe esperar a la resolución judicial VALENCIA, 24

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que su antecesor al frente del Consell Francisco Camps debe abandonar el Consell Jurídic Consultiu (CJC), después de ser señalado por los implicados en el caso Gürtel, por «ética» aunque ha insistido en que esta trama «va más allá de un comportamiento personal» porque afecta de «forma nuclear» al PPCV.

Puig –que ha realizado estas declaraciones tras presidir una reunión preparatoria de la participación de la Comunitat Valenciana en la XX edición del Salón Internacional de la Logística y antes de que se produjera la comparecencia del ex número 2 del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio de la rama valenciana de Gürtel– ha señalado al respecto que «como siempre» el Gobierno valenciano «respeta» las decisiones que adopte las Corts valencianas, que hoy debaten reclamar que Camps deje el CJC.

Al respecto, ha considerado que «debería haber una actuación directa de la persona concernida» porque «hay cuestiones que tienen que ver con la ética que cada uno tiene que asumir» y «las responsabilidades políticas se tiene que asumir en primera persona» ya que las responsabilidades jurídicas «están camino de dilucidarse».

En cualquier caso, ha subrayado que «el elemento fundamental» es que «va más allá de lo que ha sido un comportamiento personal» porque «esto no ha sido el problema de una persona, de dos o de una docena» sino que es «un problema que afecta de manera nuclear a un partido que ha dirigido la Comunitat Valenciana durante 20 años y que en muchas convocatorias electorales, al parecer, ha actuado fuera de la ley». «Y esto es muy grave», ha constatado.

Por contra, ha destacado que el actual Gobierno valenciano están «intentado cambiar el paradigma de la Comunitat Valenciana» y de hecho ha resaltado que en estos dos años y medio «se ha conseguido en gran parte». Por ello, ahora se trata «sencillamente de que se asuman las responsabilidades penales, políticas y finalmente que devuelvan el dinero sustraído».

SIN COMPORTAMIENTOS ARBITRARIOS

Por otra parte, ha comentado que, aunque defiende que haya «una condena social» a aquellos que actúan de manera ilegal, un gobierno «debe cumplir la ley» y «no puede actuar de forma arbitraria» y dejar de contratar con empresas vinculadas a la corrupción antes de que haya una resolución judicial como reclama Podemos.

En principio, ha considerado que «cualquier persona o institución estaría de acuerdo con que haya una cierta condena social a aquellos que actúan de una manera fuera de los parámetros de un buen gobierno y de una buena relación social y económica».

No obstante, ha recalcado que un Gobierno debe «cumplir siempre la ley». Por ello, ha señalado que se debe esperar a la resolución judicial para ver si hay condena a determinadas empresas y qué medidas añaden los tribunales a esa condena para «a partir de ahí poder actuar en consecuencia».

«Lo que no podemos es actuar de una manera arbitraria, sería absolutamente insólito que una administración hiciera una actuación arbitraria», ha apostillado