Puig dice que el 34% de los consejeros valencianos está en una causa judicial o prisión: «¿Los otros no sabían nada?»

Apunta que hace 17 años le dijo a Zaplana que se estaban haciendo cosas irregulares y este contestó: «Nunca podrán demostrar nada»

VALÈNCIA, 24

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha destacado este jueves que «el 34 por ciento de todos los consellers del PP están ya en una causa judicial o en prisión», lo que constata que los gobiernos populares fueron «un enorme fracaso», y se ha preguntado si el resto no sabía nada. «Ha habido muchas, demasiadas complicidades y esa es una realidad que va más allá de la responsabilidad judicial», ha dicho.

Así se ha pronunciado Puig en su respuesta a la portavoz del PP, Isabel Bonig, en la sesión de control en Les Corts, donde ha criticado que esta acude al parlamento «exhibiendo normalidad, repitiendo cansinamente la misma pregunta para obviar la realidad», haciendo referencia a la detención por presunto blanqueo de capitales del expresident Eduardo Zaplana en la Operación Erial.

Ha señalado que esa detención «supone el cierre de un círculo que ha vinculado toda una época a la corrupción» y es «un hito doloroso para los valencianos». «Es indignante que aquellos que obtuvieron legítimamente el apoyo democrático acabaran prostituyendo la confianza de los valencianos», ha dicho.

Puig también ha cuestionado que el PP diga que ya ha asumido las responsabilidades políticas por Zaplana: «¿Cómo pueden asumir la responsabilidad política de una persona que han detenido hace 48 horas, o es que lo sabían?».

Otros grupos, ha dicho, lo sabían, y ha recordado que él mismo preguntó a Zaplana desde el mismo atril desde el que responde hoy como presidente: «Hace 17 años en esta tribuna le dije a Zaplana que se estaban haciendo cosas de manera irregular y me dijo: nunca podrán demostrar nada».

En cualquier caso, ha destacado que los valencianos tienen ahora «un gobierno honrado» y aunque «queda mucho por hacer» todos los indicadores económicos y sociales han mejorado y «los valencianos viven mejor, pero además tienen un gobierno honrado».

«BONIG: «QUIEN LA HACE, LA PAGA»

Bonig, que ha vuelto a plantear la pregunta sobre la ejecución presupuestaria al jefe del Consell, ha señalado que lo acontecido en las últimas horas demuestra que España es un Estado de Derecho y, si así lo determinan los tribunales, «quien la hace la paga», y ha incidido en que ya han asumido responsabilidades políticas.

En este punto, ha preguntado si él o la vicepresidenta van a asumirlas «en los presuntos casos de financiación ilegal de PSPV y Bloc-Compromís» y ha recordado que en el caso socialista hay 26 imputados «y no puede eludir su responsabilidad». También ha manifestado que confía que, igual que en Erial, el Consell hará gala de la «coherencia» y se personarán en ese caso que investigan dos juzgados de Madrid, uno de Benidorm y otro de Gandia.

Además, ha reiterado que el Consell dejó sin ejecutar el año pasado 2.555 millones y ha preguntado «para qué quiere más dinero si el que tiene no lo ejecuta». Además de acusarle de «no gestionar», ha criticado la situación en los centros de menores con «desapariciones» y una presunta violación sin, ha incidido, dar información al respecto, y ha recordado el «espectáculo» del cierre de Segorbe con el que se puso en el debate público este tema.

«La justicia, aunque lenta, siempre actúa, tiempo al tiempo en eso y otras cosas, se enterará de estas malas noticias», ha vaticinado, para criticar después la política educativa respecto al plurilingüismo.

Puig ha criticado que lo que el PP ve «bueno» para Cataluña en educación no lo vea así para la Comunitat y ha incidido en que el Gobierno está defendiendo el interés general de los valencianos desde la lealtad institucional, que «no hay» en el lado opuesto.

Ha recordado que el Ejecutivo central «no está cumpliendo la palabra dada» sobre el cambio de modelo de financiación y esta semana ha llegado a la Generalitat un informe sobre el trabajo realizado el último año al respecto y «viene a decir que no habrá ningún cambio, que la insuficiencia financiera que existe en las comunidades, si hay que disminuir más los servicios públicos, que se disminuyan».

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