PSOE y UP proponen en la Ley Mordaza que los agentes avisen de sus planes de intervenir para disolver una protesta

Piden prescindir de material antidisturbios que cause lesiones «irreversibles» pero no hay mención específica a las pelotas de goma

PSOE y Unidas Podemos proponen en sus enmiendas conjuntas a la Ley de Seguridad Ciudadana la obligación de los agentes de avisar «de manera verbal claramente audible» antes de intervenir para disolver concentraciones.

Además, se ahonda en que los protocolos de uso de la fuerza y utilización de material antidisturbios, que es el «último recurso» en caso de registrarse incidentes en manifestaciones, deben emplear los medios «menos lesivos» que causen «lesiones irreversibles», aunque no se hace mención específica a las pelotas de goma.

Las dos formaciones ya han registrado un conjunto de enmiendas pactadas a la proposición de ley del PNV para derogar la denominada Ley Mordaza por sus detractores, aunque también han formalizado propuestas de modificación por separado. La normativa fue aprobada por el PP en 2015 y la propuesta de desmontaje llevaba más de un año parada en su trámite parlamentario.

QUITAN LA REFERENCIA A LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE

Ambas formaciones plasman ya en sus enmiendas conjuntas algunas cuestiones que ya transcendieron de la negociación, como la supresión de la disposición adicional referidas a las denominadas devoluciones en caliente .

Para ello, los dos grupos parlamentarios razonan que se trata de una materia ajena a la Ley de Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y, por tanto, este asunto se excluye «a efectosde residenciar su reforma en la Ley 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

También pautan que a efecto de diseño del DNI se incorporen diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios, si bien detalla que se trata de incorporar al rango de ley el artículo 11 del real decreto que regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica.

SIN SANCIÓN PARA MANIFESTACIONES NO COMUNICADAS QUE SEAN PACÍFICAS

A su vez, pautan que deben comunicarse las manifestaciones para eventos previstos o previsibles (como, por ejemplo, la manifestación del 1 de mayo) mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez (como pudo pasar, por ejemplo, con la manifestación por sentencia de La Manada ) y solo serán sancionables si provocan violencia o alteración del orden público. Además, la no comunicación de las manifestaciones previstas y previsibles será sancionada como falta leve.

Como ya se avanzó, los traslados a comisaría a efectos de identificación se limitan a dos horas, aunque excepcionalmente se pueden prorrogar a un máximo de seis.

En paralelo, se reconoce el derecho de que los agentes le devuelvan al mismo lugar donde no pudo ser identificado cuando la dependencia policial a la que se ha trasladado a la persona se encuentre «en una localidad distinta a la del requerimiento de acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios».

En cuanto a los registros corporales, las modificaciones de ambos socios de coalición pautan que sean «motivadas y proporcionales», constando por escrito las razones que justifican los cacheos en vía pública. A su vez, los registros limitarán los desnudos parciales y si estos deben realizarse de forma inmediata, será en un lugar que cuente con la «debida garantía de protección de la intimidad».

«No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros», ahondan las propuestas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos.

También como ya se apuntó, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la Ley de Protección de Datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.