PSOE y Unidas Podemos se enfrentan aun más por la ley Trans, con acusaciones cruzadas de filtraciones y bloqueo

El enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos por sus diferencias sobre la futura Ley Trans ha empeorado este lunes, después de que el Ministerio de Igualdad que lidera Irene Montero haya acusado a los socialistas de bloquear la aprobación del anteproyecto. Por su parte, Moncloa ha respondido responsabilizando a los morados de alterar la tramitación normal de la norma con «filtraciones» de textos que solo reflejan las «aspiraciones» de su formación, y fijando «fechas topes» de forma unilateral.

El departamento que dirige la número dos de Podemos tenía intención de llevar el anteproyecto de la ley Trans junto al de la Ley LGTBI al Consejo de Ministros del próximo 23 de febrero, para cumplir así con el compromiso que se habían fijado de comenzar a tramitar las norma en el mes de febrero.

Sin embargo, fuentes de Igualdad han denunciado que la Comisión de Subsecretarios que encabeza la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que se encarga de decidir qué iniciativas están listas para pasar al Consejo, ya ha descartado esta opción.

Estas fuentes aseguran que su sorpresa ha sido «mayúscula» y acusan directamente al PSOE de bloquear que se pueda comenzar a debatir las citadas iniciativas. Asimismo, defienden que ambas leyes están a disposición de todos los Ministerios desde hace 10 días e, incluso, que ya se han incluido observaciones realizadas por Vicepresidencia del Gobierno.

DISCREPANCIAS SOBRE LA LIBRE DETERMINACIÓN DE GÉNERO

Este asunto y, en concreto, la libre determinación de género que contempla la propuesta de Igualdad, lleva siendo objeto de discrepancias entre los socios desde hace semanas. La propia Calvo no ha evitado pronunciarse al respecto públicamente, con unas polémicas declaraciones en las que defendía la necesidad de dotar a la norma de mayor seguridad jurídica.

A este respecto, aseguró que le preocupaba «la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles»; unas palabras que generaron duras críticas desde Unidas Podemos y también de la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli.

Ahora, Moncloa ha defendido que si no la norma no se está tramitando de forma normal, y «por los cauces habituales», es por «la filtración pública de un borrador que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos» que forma parte del gobierno, y por «el establecimiento unilateral de unas fechas tope que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos».

Fuentes de Moncloa consultadas por Europa Press aseguran que «el Gobierno está comprometido y trabajando en una norma legal que proteja los derechos y evite las discriminaciones del colectivo LGTBI y lo está haciendo de la misma manera que se elabora cualquier otro anteproyecto de ley: con calidad normativa y seguridad jurídica y teniendo en cuenta las aportaciones de lo ministerios concernidos».

Asimismo, señalan que «el gobierno hubiera preferido que este trabajo hubiera seguido los cauces habituales como en la tramitación de cualquier otra ley y que de manera interna se elaborara un texto consensuado».

«Pero la filtración pública de un borrador que solo responde a las aspiraciones de uno de los partidos que forma parte de este gobierno no lo está haciendo posible, al igual que el establecimiento unilateral de unas fechas tope que no se corresponden con la marcha actual de los trabajos», añaden desde Moncloa.

Asimismo, recalcan que «es necesario dotar al anteproyecto del rigor constitucional que requiere cualquier norma que regula derechos».

En todo caso, dejan claro que «la decisión del Gobierno es firme para sacar adelante esta ley y su compromiso es que se haga lo antes posible, para que inicie rápidamente su tramitación parlamentaria y que no se vean frustradas las aspiraciones del colectivo LGTBI pero es necesario segur avanzando en su elaboración».