PSOE y Sumar rechazan en el Congreso los escritos del PP, ERC y Junts contra los vetos a enmiendas del Senado

Populares e independentistas ya pueden llevar al TC un asunto en el que los populares aprecian indicios de «prevaricación»

La Mesa del Congreso, con la mayoría de PSOE y Sumar, ha rechazado este viernes los escritos en los que PP, ERC y Junts solicitaban que el órgano de gobierno de la Cámara Baja corrigiera su decisión de aceptar los vetos planteados por el Gobierno a un grupo de enmiendas impulsadas por estas tres formaciones y que ya habían sido aprobadas por el Pleno del Senado.

Este conflicto jurídico-parlamentario tiene su origen en una decena de enmiendas a la Ley de Prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que el Gobierno trató de tumbar en el Senado, haciendo uso de su potestad para vetar iniciativas legislativas que modifiquen los presupuestos en curso, pero la Cámara Alta las dejó pasar y acabaron siendo aprobadas. Entre ellas, una del PP para bajar el IVA de determinados alimentos y otra de Junts y ERC para prorrogar la vida útil de plantas de purines para que puedan seguir cobrando ayudas.

Cuando esas enmiendas llegaron al Congreso para su votación final, la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, admitió el veto del Gobierno y las eliminó. Fue tan precipitado que no hubo informe escrito de los servicios jurídicos. Pero las actas de aquella reunión del 18 de marzo, recogidas por Europa Press, demuestran que el letrado mayor se opuso verbalmente a atender los vetos del Gobierno y avisó de que no había precedentes de un caso así.

Galindo explicó a los miembros de la Mesa que la Constitución otorga al Gobierno la capacidad de veto de propuestas legislativas que afecten a los presupuestos en curso y que si el escrito de conformidad se refiriese a enmiendas presentadas en el Congreso, el informe jurídico habría sido favorable a admitir el veto, pero que en este caso se trataba de vetar enmiendas ya aprobadas por el Senado, y a su juicio «eso no es posible».

EL GOBIERNO PODRÍA HABER IDO AL TC CONTRA EL SENADO

Según su criterio, «la facultad de verificación se circunscribe a la Cámara respectiva y no puede extenderse a las presentadas en la otra». Si el Gobierno entendía que el Senado se había saltado su veto, tenía mecanismos a su alcance para impugnarlo e incluso para instar al TC a suspender la tramitación, pero el letrado mayor considera que no es la Mesa del Congreso quien debe dirimir el conflicto entre el Gobierno y el Senado.

Pese a los argumentos de los servicios jurídicos, el PSOE y Sumar impusieron su mayoría y aceptaron los vetos del Gobierno, eliminando las enmiendas que el Senado había aprobado. El PP votó en contra siguiendo el criterio del letrado. Los tres partidos afectados recurrieron y, en protesta por este asunto, el PP y Junts tumbaron en el Pleno del Congreso la Ley de creación de la Agencia de Salud Pública.

Este viernes, la Mesa del Congreso ha analizado los escritos de reconsideración de ERC, Junts y PP y se ha reafirmado en que actuó conforme a Derecho al aceptar los vetos del Gobierno. Según la tesis de PSOE y Sumar, la Mesa del Senado privó al Gobierno de ejercer su derecho constitucional al veto y por eso estaba legitimado para ejercerlo de nuevo antes de la votación final en el Pleno del Congreso.

La mayoría de la Mesa sostiene, además, que la Constitución no establece límite temporal alguno a la presentación de estos vetos, es decir, que se pueden presentar mientras la iniciativa se encuentre en tramitación en cualquiera de las Cámaras.

AUNQUE VENGAN APROBADAS DEL SENADO SON ENMIENDAS

Además, PSOE y Sumar sostienen que las enmiendas que se presentan en el Senado no pierden tal carácter de enmiendas cuando son aprobadas por su Pleno y son remitidas al Congreso para que éste se pronuncie sobre ellas. Es más, subrayan que incluso que el artículo 90.2 de la Constitución, al referirse a las modificaciones a las iniciativas legislativas introducidas por el Senado que son remitidas al Congreso, sigue empleando el término «enmiendas».

Por todo ello, la Mesa ha aplicado su propio criterio apartándose de la opinión jurídica expresada por la Secretaría General de la Cámara, subrayando que en ningún caso es vinculante, y ha rafiticado que actuó conforme a Derecho aceptando los vetos del Gobierno.

El PP se ha mostrado en contra de la decisión y ha reiterado los argumentos que esgrimió la semana pasada: que los vetos del Gobierno eran extemporáneos (puesto que sólo puede vetar enmiendas en aquella Cámara en la que presentan); que la Mesa adoptó una decisión injusta a sabiendas (porque el secretario general se había posicionado en contra) y que, por tanto, la decisión de aceptar los vetos fue nula de pleno derecho.

DECISIÓN SIN PRECEDENTES

Fuentes populares han insistido en que esta ha sido la primera vez que se ha «mutilado» un dictamen del Senado por un órgano que no era competente para ello (la Mesa del Congreso) y, encima, con efectos jurídicos.

Una vez rechazado su escrito de reconsideración, PP, Junts y ERC ya tienen vía libre para recurrir ante el Tribunal Constitucional. El portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ya avanzó el pasado martes que su grupo está estudiando cómo recurrir ante «todas las instancias posibles» un episodio que desde el PP definen como «prevaricación».

Con independencia de lo que hagan PP, ERC y Junts, este asunto ha provocado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Senado y todo indica que desembocará en un conflicto de atribuciones que tendrá que dirimir el TC. Por lo pronto, el Gobierno ha pedido a la Cámara Alta que revoque su decisión de tumbar los vetos del Ejecutivo.

AVALAN LA ACTUACIÓN DE RODRÍGUEZ DE CELIS

Además, en la Mesa del Congreso de este viernes se ha estudiado una queja del PP por la decisión del vicepresidente primero de la Cámara, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, de convocar a la Junta de Portavoces, en lugar de al Pleno, para decidir sobre la petición popular de dejar fuera del orden del día de la sesión de pasado jueves la votación de la ley contra del desperdicio alimentario.

Siguiendo, esta vez sí, el criterio de los letrados, el PSOE y Sumar han rechazado la protesta de los populares a los que han recordado que es «práctica inveterada» que sea la Junta de Portavoces la que analice las posibles modificaciones de un orden del día y que cualquier cambio se acuerde por unanimidad.

Además, la Mesa ha avalado, conforme proponían los servicios jurídicos, la actuación de Rodríguez Gómez de Celis recalcado en todo caso al PP que de acuerdo al Reglamento, la dirección y ordenamiento de los debates corresponden «en exclusiva» a quien ostenta la Presidencia de la sesión plenaria, sin que proceda la revisión de las decisiones adoptadas.