PSOE y PP tumban en el Congreso el plan de Sumar para una empresa pública de centrales hidroeléctricas

PSOE y PP han votado en contra de la proposición no de ley de Sumar para crear una entidad pública empresarial que gestione las centrales hidroeléctricas del país, mediante la asunción de la gestión de las concesiones finalizadas del dominio público hidráulico.

Además de los dos principales partidos del hemiciclo, también se han posicionado en contra Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria; mientras que Podemos, ERC, Bildu y BNG han apoyado la propuesta. Sólo ha habido una abstención, la del exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto, José Luis Ábalos.

Durante el debate de la proposición no de ley que incluí esa propuesta la portavoz socialista en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, María de las Nieves Ramírez, ya avanzó que se desmarcaba del plan del grupo plurinacional porque, a su juicio, «no es necesario» crear esa empresa porque conllevaría «graves retrasos» en las concesiones «en detrimento del beneficio de los consumidores».

La alternativa de Sumar a crear la empresa de cero es que fuera la actual Hunosa la que asuma la gestión de las concesiones, pero esta idea también la descartó el PSOE porque las empresas del Grupo SEPI «no tienen permitida la generación de electricidad, fruto de la actual normativa europea».

SUMAR QUERÍA RECUPERAR «LO QUE ES DE TODOS Y DE TODAS»

El grupo plurinacional planteaba que esa empresa estuviera habilitada para desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía y para constituir sociedades, así como participar mayoritariamente en otras ya constituidas, para llevar a cabo la actividad de generación de energía.

El objetivo de esta propuesta pasaba por revertir sus beneficios en la ciudadanía y contribuir a la restitución económica y social de los municipios afectados por las instalaciones hidroeléctricas, en proporción a la generación producida en cada territorio.

El diputado de Sumar, Toni Valero, explicó en el debate que esto implicaba «recuperar lo que es de todos y de todas, los saltos hidroeléctricos», que son instalaciones que permiten generar energía a partir de la fuerza del agua.

«¿Queremos ser un país en el que la producción de energía está en manos de multinacionales y fondos de inversión destinada a la exportación o al minado de criptomonedas, o queremos que la producción esté en manos públicas para abaratar la factura de la luz?», reflexionó Valero.

ERC Y JUNTS NO QUIEREN UN ORGANISMO ESTATAL

En el debate tanto ERC como Junts protestaron contra la idea de que sea una empresa estatal la gestione esas concesiones y no una catalana.

«No queremos un organismo estatal que gestione activos catalanes», dijo Pilar Calvo de Junts; mientras que Teresa Jordá, de ERC, recomendó a Sumar prestar «mucha atención en meter las manos del Estado» en las competencias autonómicas.

De su lado, la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, remarcó que la soberanía energética no depende de si la gestión de la empresa «es pública o privada», sino que tiene que ver con una «buena y eficiente gestión de los recursos».

Por último, tanto PP como Vox se opusieron frontalmente a la propuesta del grupo plurinacional.

El diputado de Vox, José María Figaredo, protestó contra la idea de que sea Hunosa la empresa pública que gestione las concesiones porque «acumula pérdidas millonarias ejercicio económico tras ejercicio económico». El portavoz energético del PP en el Congreso, Juan Diego Requena, justificó su oposición porque la medida supondría instaurar una «autarquía energética inédita en 70 años».