PSOE y PP siguen negociando los nombres para los órganos caducados, que el Congreso no prevé hasta noviembre
El cumplimiento de los plazos reglamentos y la tramitación de los Presupuestos obliga a retrasar el calendario inicialmente previsto
El Pleno del Congreso no aprobará finalmente la próxima semana la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, como se había anunciado inicialmente, con lo que estos nombramientos se retrasarán hasta el mes de noviembre.
La semana pasada, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos citados –más la Agencia Española de Protección de Datos– se anunció que el Pleno del Congreso se pronunciaría sobre los candidatos que le corresponden la semana del 25 de octubre.
Sin embargo, finalmente la próxima semana no habrá sesión plenaria porque esos días se han reservado para la comparecencia en la Comisión de Presupuestos de casi un centenar de altos cargos para informar sobre el proyecto de las cuentas públicas de 2022.
En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Socialista ha explicado que la Mesa de la Cámara aún no ha fijado un calendario para las comparecencias de los aspirantes a integrar los órganos caducados, paso previo a sus comparecencias en comisión y su elección en el Pleno.
Gómez ha señalado que las negociaciones sobre los nombres siguen abiertas y ha mostrado su deseo de que el Pleno pueda votar las candidaturas lo antes posible. Además, ha insistido en la conveniencia de pactar también la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha indicado que este retraso no tiene que ver con el estado de las negociaciones, sino con la necesidad de cumplir los plazos previstos en el Reglamento del Congreso y a la vez hacer compatible el proceso con la actividad parlamentaria.
LA MESA DEBE FIJAR CALENDARIO
Según establecen las normas de la Cámara es la Mesa del Congreso la que debe abrir un plazo para la presentación de las candidaturas para el Tribunal Constitucional, el de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
Una vez acabe el plazo y se reciban las candidaturas –cada grupo puede proponer como máximo, tantos candidatos como puestos haya que cubrir– ésta se remitirán a la Comisión Consultiva de Nombramientos, que examinará las candidaturas presentadas. Si alguna no se ajusta a los requisitos objetivos establecidos en la Constitución, la rechazará e informará al grupo proponente para que presente nuevos nombres.
Si todos cumplen los requisitos, la Comisión Consultiva, a iniciativa propia o a petición de un grupo, podrá acordar la comparecencia personal de los candidatos para que sean examinados por los diputados.
La Comisión Consultiva de Nombramientos, que preside la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, trasladará al Pleno su criterio sobre la idoneidad de los candidatos en los casos del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, que han de ser elegidos en sendas votaciones en el hemiciclo.
Dado que la semana que viene se producirán las comparecencias en la Comisión de Presupuestos y que la siguiente tendrá lugar el debate de totalidad de las cuentas en el Pleno, es previsible que la sesión para la elección de los nuevos miembros de los órganos constitucionales pactados por populares y socialistas no se convoque, al menos, hasta la semana del 10 de noviembre.
210 VOTOS
El órgano que lleva más tiempo pendiente de renovación es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo (210 votos). Ese resultado debe ratificarse en el Senado en un plazo máximo de 20 días.
Gobierno y PP también han acordado renovar un tercio del Tribunal Constitucional, los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019. El presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, que es uno de los que debe ser sustituido, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento, que también exige un acuerdo amplio puesto que se necesita un apoyo de 210 diputados.
La Constitución establece que de los 12 miembros que integran el Alto Tribunal cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, que son los que ahora deben actualizarse; cuatro, por parte del Senado; dos, del Gobierno; y otros dos del CGPJ. Todos ellos son designados por un periodo de nueve años.
El último órgano que se incorporó a esta lista caducados es el Tribunal de Cuentas, cuyos doce consejeros concluyeron en julio su mandato de nueve años. También requiere un consenso entre el Gobierno de coalición y el PP, como primer partido de la oposición, puesto que los candidatos necesitan el respaldo de 210 diputados.
PROTECCIÓN DE DATOS SE ELIGE EN COMISIÓN
En el caso de la Agencia Española de Protección de Datos, es el Ministerio de Justicia el que debe remitir al Congreso una propuesta para la Presidencia. La persona que aspire a presidirla deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, que tendrá que ratificar su elección por mayoría de tres quintos de sus miembros en primera votación.
Si no logra esa mayoría en el primer intento, podrá ser elegido por mayoría absoluta en segunda votación siempre que los votos favorables procedan de diputados pertenecientes, al menos, a dos grupos parlamentarios.
