PSOE y Podemos rechazan poner tope a los microcréditos, pero una subcomisión parlamentaria estudiará regularlos

El Tribunal de Cuentas viene denunciando que la legislación actual es insuficiente

El PSOE y Unidas Podemos han rechazado este jueves una propuesta de Vox para poner límites a los microcréditos que utilizan los partidos para financiar sus actividades, pero en todo caso se creará una subcomisión parlamentaria en las Cortes para estudiar este asunto y otras leyes de financiación de partidos.

Así se ha decidido en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas donde se han votado las propuestas de los grupos parlamentarios sobre los informes de fiscalización de la contabilidad de los partidos en las elecciones generales y europeas del pasado año.

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José De la Fuente, como viene haciendo en la institución en sus informes, alertó la pasada semana al Parlamento de que la actual legislación presenta una laguna legal y que es necesario regular los microcréditos, un instrumento utilizado fundamentalmente por PSOE y Podemos y que les permite recibir numerosas pero pequeñas aportaciones de particulares y sí evitar créditos bancarios.

Según explicó, una cosa es el llamado «crowdfunding» (micromecenazgo), del que ya existen «muchos antecedentes» como rifas o fiestas de los partidos para financiarse, y otra los microcréditos que se están generalizando en los últimos tiempos.

EL CROWDFUNDING SI ESTÁ REGULADO

Mientras que el crowdfunding esta regulado, los microcréditos son figuras «relativamente nuevas» que no disponen de normativa específica y su uso se beneficia de que existe una laguna legal. No se pueden considerar donaciones, ya que el dinero aportado se devuelve, pero no hay más legislación sobre créditos que la que se aplica a las entidades bancarias, con lo que estos préstamos de particulares quedan en el limbo.

«La normativa es insuficiente para regular la naturaleza específica de los microcréditos y por eso el Tribunal de Cuentas recomienda una norma específica sobre créditos de particulares», avisó la presidenta del Tribunal de Cuentas.

De la Fuente lanzó incluso algunas propuestas que debiera contemplar esa regulación. A su juicio, hay que fijar una cuantía máxima del prestamista, obligar a que las aportaciones sean ingresados en cuentas electorales, garantizar que el microcrédito se devuelva antes de un año natural y que se prohíba la condonación de las deudas a particulares, igual que no se permite a los bancos perdonar sus créditos.

A partir de ahí, tanto el PP como Vox recogieron el guante en sus propuestas de resolución reclamando una nueva regulación sobre este asunto.

En las resoluciones recogidas por Europa Press, los de Santiago Abascal propusieron medidas detalladas como fijar una cuantía máxima por prestamista que no exceda del límite máximo previsto en la normativa electoral para las aportaciones privadas, obligar a que el dinero se ingrese en las cuentas bancarias electorales, exigir que las cantidades tengan que ser devueltas antes de que pase un año natural de las elecciones y establecer que, si el prestamista renuncia a la devolución, tenga que hacerlo por escrito y ésta pase a ser considerada una donación.

Esas propuestas han sido rechazadas por la mínima, con los votos del PSOE y de Unidas Podemos, pero sí se ha aceptado una del PP que llama a reformar la LOREG para completar la regulación de las fórmulas de financiación de las campañas electorales, «haciendo mención específica a las nuevas herramientas de financiación basadas en plataformas digitales de financiación colectiva».

Los populares también han logrado que salga adelante otra reclamando al Tribunal de Cuentas que fiscalice de forma efectiva el crowdfunding en sus siguientes informes para verificar de forma «exhaustiva y continuada» el origen de los recursos, las condiciones de formalización, su cumplimiento y si se produce o no el reintegro íntegro de las cantidades.

La idea del PSOE, que también ha sido aprobada, es que el Congreso cree una subcomisión que analice la conveniencia de reformar la legislación sobre financiación de partidos.

EL TRIBUNAL ESTARÁ VIGILANTE

En todo caso, mientras se decide si se hacen o no reformas en este sentido, el Tribunal de Cuentas mantiene su vigilancia control de estos microcréditos y pide a los partidos que ofrezcan los datos que se exigen para los créditos bancarios y para las donaciones en campaña.

Así, en los informes de fiscalización sobre las campañas electorales todo ingreso y pago se debe realizar en cuentas electorales, no en metálico, y deben constar los datos del aportante (nombre y DNI). Y en los informes anuales se comprueba si ese microcrédito fue devuelto con cargo a las subvenciones electorales y si se han cumplido los requisitos establecidos en la póliza.

En su comparecencia de la semana pasada, De la Fuente ya avanzó que en los próximos informes anuales sobre partidos políticos se incluirá un anexo, similar al que ya existe sobre la deuda de las formaciones con los bancos, en el que se harán comparativas de microcréditos y sus condiciones.