PSOE, PP, UP y Vox acusan al PRC de «electoralismo» al llevar al Congreso una iniciativa sobre un edificio en Santander
Representantes del PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, entre otros, han coincidido este martes en acusar al PRC de «electoralismo» por llevar al Pleno del Congreso una iniciativa sobre edificios de titularidad pública en Santander como el REMA, en la Playa del Sardinero, o La Horadada, en la Playa de La Magdalena.
Así lo han ido exponiendo los diputados de esta formación durante sus intervenciones en el debate de esta iniciativa, que se ha producido este martes en el Congreso, reprochando al portavoz del PRC, José María Mazón, que haya presentado esta moción consecuencia de interpelación bajo un objetivo «electoralista» en la Alcaldía de Santander de cara a los comicios municipales del 28 de mayo.
La primera en decírselo ha sido la diputada del PP Elena Castillo, cargando contra Mazón por rechazar en el Congreso partidas presupuestarias para La Horadada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Bajo su punto de vista, esta iniciativa tiene «la única intención electoralista de atacar a la alcaldesa de Santander».
Por su parte, el diputado del PSOE Pedro Casares ha cargado contra el PRC, y también con el PP, por tener este debate en plena campaña electoral. «En el PSOE llevamos trabajando mucho tiempo por Santander», ha replicado a renglón seguido.
Pero también los representantes de Unidas Podemos, Vox y PDeCAT, entre otros, han coincidido en señalar el carácter «electoralista» que, bajo su punto de vista, tenía esta moción, rechazando los cuatro puntos que se recogen en el texto.
LA INICIATIVA EN SÍ
Según esta iniciativa, que ha defendido en el Pleno el portavoz de PRC, se insta al Gobierno a realizar un inventario de los edificios públicos incluidos en la zona de domincio público terrestre que estén actualmente en desuso para hacerlos «objeto de protección».
Asimismo, los regionalistas cántabros piden al Gobierno en su iniciativa que se establezcan acuerdos con el resto de las administraciones públicas para dotar a estos edificios de usos compatibles con la legislación vigente.
Otro de los puntos que reivindica el texto es el de «conservar y mantener las instalaciones y edificaciones de su titularidad en condiciones que impidan su deterioro», así como «establecer convenios con las administraciones públicas para realizar actividades de carácter social».
