PSOE, En Comú, PNV e independentistas censuran la ley de Cs para que no se exija la lengua cooficial a los funcionarios

Acusan a Ciudadanos de no respetar el plurilingüismo y de intentar generar confrontación

El PSOE, En Comú, el PNV y los partidos independentistas catalanes han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la proposición de ley de Ciudadanos para que el conocimiento de las lenguas cooficiales no sea un requisito para acceder a un empleo público en las comunidades autónomas bilingües, sino solo un mérito. A su juicio, el partido naranja no respeta el plurilingüismo y sólo intenta generar confrontación.

Durante su intervención, el diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha denunciado que en algunas comunidades la convivencia entre las dos lenguas «no es respetuosa» y que los partidos nacionalistas han cometido «abusos» desde los respectivos gobiernos. Además, ha afirmado que el PP y el PSOE «han contribuido a ello» al «mirar hacia otro lado».

«Queremos garantizar que no se use la lengua como fuente de discriminación en el acceso y la promoción en el empleo público», ha explicado al señalar que «muchos profesionales» se marchan de Cataluña o Baleares porque no cumplen el requisito de conocer el catalán.

Pese a que actualmente el catalán, el gallego y el euskera «gozan de una salud excelente», las autoridades de algunas autonomías están tratando de «imponerlas», ha asegurado Cantó, que sostiene que, en cambio, la «dificultad» de algunos políticos para expresarse en castellano demuestra que «existe un problema real en la enseñanza del español».

EL PP, EL ÚNICO APOYO

El único grupo que ha expresado su apoyo a la iniciativa de la formación naranja ha sido el PP, que ha apostado por seguir trabajando para eliminar las «barreras lingüísticas», aunque el diputado Miguel Barrachina ha pedido «humildad» a Cantó y que reconozca el papel de los populares en esa labor. Por su parte, el diputado de UPN Carlos Salvador, del Grupo Mixto, también se ha mostrado favorable a la toma en consideración.

En representación del PSOE, la diputada Mercè Perea ha dicho que su grupo no va a apoyar la proposición de ley porque supondría «atentar contra la Constitución, contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y contra el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas respecto a los ciudadanos».

Según la diputada socialista, Ciudadanos «desconoce la realidad del país», «crea un problema donde no lo hay» y «busca la imposición» del castellano sobre las demás lenguas, además de no respetar «las competencias de las comunidades autónomas». Son «oportunistas» y pretenden «confrontar», ha lamentado.

TENSIÓN ENTRE CANTÓ Y OTROS PORTAVOCES

El debate en el Pleno se ha desarrollado en un ambiente de tensión entre Cantó y otros portavoces que ha llevado a la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, a pedir a los diputados que mantengan «unas mínimas formas» y controlen el lenguaje que utilizan. Además, ha llamado al orden al diputado de Cs en dos ocasiones y le ha amenazado con expulsarle del hemiciclo.

Joan Mena, de En Comú, ha acusado al partido de Albert Rivera de contar «mentiras» sobre un supuesto «conflicto lingüístico» con el fin de obtener «rédito político y electoral». «Dejen de ser la Santa Inquisición de las lenguas y de comportarse como unos hooligans del odio», ha pedido Mena, que, al igual que los representantes de otros grupos, ha defendido el derecho del ciudadano a decidir en qué lengua se dirige a la Administración Pública de su comunidad.

También el PNV, EH-Bildu, Compromís y las formaciones independentistas catalanas han rechazado la iniciativa de Ciudadanos. Para Joseba Agirretxea, el partido naranja ignora las competencias autonómicas y las sentencias del TC y demuestra «una clara finalidad incendiaria» y una «fobia uniformadora» comparable con el proyecto político de Primo de Rivera.

Tras recordar que los diputados no pueden hablar catalán en el Congreso, Joan Tardà (ERC) ha denunciado la «supremacía» del castellano en la Administración General del Estado y en los órganos constitucionales, frente a las «menospreciadas» lenguas autonómicas, mientras que Sergi Miquel (PDeCAT) ha negado que el castellano esté discriminado en Cataluña y ha afeado a Ciudadanos que pretenda «generar crispación».