Psicólogos y educadores sociales piden garantizar la intervención psicológica y socioeducativa en servicios sociales

El Consejo General de la Psicología (COP) y el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) han solicitado garantizar la intervención psicológica y socioeducativa en los servicios sociales y, a su vez, apostar por un modelo «más eficiente, universal y de calidad».

Así ha quedado de manifiesto en una jornada organizada para hablar sobre el anteproyecto de ley y en la que han participado el presidente del COP, Francisco Santolaya Ochando; la presidenta del CGCEES, Lourdes Menacho Vega; y la directora general de Diversidad y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Patricia Bezunartea.

Además, en el encuentro ambas entidades presentaron un documento conjunto que recoge, entre sus puntos fundamentales, definir precisamente la profesión de la Psicología y de la Educación Social dentro de las profesiones de los servicios sociales.

Al respecto, y durante su exposición sobre este anteproyecto de ley aún en desarrollo, la directora general ha comentado que los equipos básicos de los servicios sociales deberían estar conformados por trabajadores sociales, educadores y psicólogos», profesionales a los que, la normativa, exigirá además «la colegiación obligatoria», como garantía para los usuarios y pacientes.

La situación actual de los derechos sociales en España ha provocado un incremento notable de los casos de maltrato infantil; la persistencia de diferentes formas de violencia sexista; la situación de crisis, en el ámbito de la salud mental, acrecentada por las consecuencias de la pandemia y que ha provocado múltiples malestares psicológicos en la población; o los excesos en el precio del alquiler que hace que dos de cada tres personas que viven en alquiler está en riesgo de pobreza, exige un cambio en el modelo de atención de los servicios sociales.

Ese cambio pasa por la dotación de equipos que trabajen de manera interdisciplinar y que cuenten con las disciplinas de la Psicología y de la Educación Social. En ese sentido, y como se pone de manifiesto en el documento presentado, el COP y el CGCEES creen que la futura ley estatal de acceso y disfrute de los servicios sociales debería incorporar la definición «clara» de los equipos con una «inequívoca» especificación de las tres disciplinas que conformen la composición mínima, así como una explicitación de las funciones y la obligatoriedad de la figura de la dirección.

También consideran que tiene que contener una referencia «clara» a la universalidad del sistema, a la atención integral centrada en la persona en su contexto y al enfoque preventivo y comunitario, situando en el centro del sistema de servicios sociales las prestaciones técnicas de carácter social, psicológico y socioeducativo.

Al mismo tiempo, han abogado porque haya una concreción de las necesidades que van a ser objeto de atención por parte del sistema público de servicios sociales en la que se haga referencia de forma expresa a la atención psicológica y educativa como parte fundamental para el bienestar de las personas y a la garantía de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.

Las organizaciones también han subrayado la necesidad de garantizar tanto la atención psicológica como la educativa y social en aquellas situaciones definidas como de estrés vital y que pueden afectar a las personas en cualquier etapa a lo largo de su vida.

Otras propuestas pasan por la incorporación de la atención psicológica y educativa en la atención domiciliaria; y, en los casos de atenciones individuales o familiares en los que se considere necesario el establecimiento de una persona profesional de referencia, esta sea determinada por el equipo, pudiendo ser cualquier componente de éste, dependiendo de las características del caso.

Las dos organizaciones confían en que estas y demás aportaciones realizadas al anteproyecto contribuyan a completar la norma y enriquecerla desde la visión conjunta de dos disciplinas muy importantes en la historia y el desarrollo del sistema público de servicios sociales.