PSC, ERC, Junts y comuns negocian en el Parlament un nuevo acuerdo sobre el catalán

ERC y Junts plantean incluir en la propuesta de nueva ley un rechazo explícito a los porcentajes

BARCELONA, 19

Diputados del PSC-Units, ERC, Junts y los comuns están negociando este jueves en el Parlament un nuevo sobre el catalán en la escuela, después de que republicanos y Junts enviaran una nueva propuesta a socialistas y comuns la noche del miércoles.

Fuentes parlamentarias han asegurado que ERC y Junts plantean una nueva ley que incluya un rechazo explícito a la distribución de lenguas por porcentajes en la escuela, y han señalado que no existe una única propuesta cerrada, sino que se están estudiando e intercambiando varios documentos.

Los comuns están estudiando la nueva propuesta de ERC y Junts, mientras que el PSC rechaza esta ley y se mantiene en el acuerdo inicial para reformar la Ley de Política Lingüística abriéndose a negociar enmiendas, han explicado fuentes socialistas.

De hecho, así lo ha expresado este mismo jueves el primer secretario del PSC, Salvador Illa, en declaraciones a los medios: «La última propuesta que nos han enviado no la vemos; ya llegamos a un acuerdo que trabajamos durante dos meses para tener un punto de consenso. Nos mantenemos ahí».

Pese a que el martes PSC, ERC y comuns dieron un ultimátum de 24 horas a Junts para llegar a un acuerdo, el plazo expiró el miércoles al mediodía sin que tuviera efectos, ya que republicanos y Junts han seguido negociando en las últimas horas para impulsar una nueva ley en defensa del catalán diferente a la modificación de la Ley de Política Lingüística, que Junts rechaza.

Han entregado su propuesta al PSC y a los comuns, con quien la está negociando este jueves para lograr rehacer el consenso entre las cuatro formaciones.

Los grupos parlamentarios han mantenido diversas reuniones durante la mañana de este jueves: se han producido de ERC y Junts por un lado y de ERC, PSC y comuns por otro, y también han abordado el asunto los cuatro.

ESTUDIAN PROPUESTAS

Tras diversas reuniones, fuentes socialistas y de los comuns han asegurado que están estudiando opciones, y que siguen trabajando en este asunto.

Por su lado, fuentes de ERC han sostenido a Europa Press que siguen negociando y trabajando para lograr un acuerdo que defienda el catalán ante la sentencia del 25% y han asegurado que «ERC lo hace todo para recuperar el consenso a cuatro».

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó el lunes de la semana pasada aplicar la sentencia que obliga a impartir un 25% del horario lectivo en castellano en las escuelas de Catalunya, y dio un plazo de 15 días para cumplirlo, que finaliza el 31 de mayo.

Los cuatro grupos parlamentarios presentaron en marzo un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, estableciendo el catalán como lengua vehicular y añadiendo que «se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».

Junts se descolgó del acuerdo horas después al considerar que había generado rechazo en entidades y comunidad educativa, y la semana pasada descartó definitivamente apoyarlo.

POSIBLES ESCENARIOS

Aunque el PSC-Units, ERC y los comuns suman suficientes votos para aprobar la reforma sin Junts, descartaron llevar al pleno la votación de la Ley de Política Lingüística para tratar de mantener el consenso con Junts.

Si ahora no logran un acuerdo a cuatro, se abren diversos escenarios: que PSC, ERC y comuns opten finalmente por la Ley de Política Lingüística; que ERC priorice el pacto con Junts y busque el acuerdo con los comuns dejando fuera al PSC, o que busquen otros acuerdos –la CUP ha pedido en reiteradas ocasiones descartar la modificación de la Ley de Política Lingüística–.

En paralelo a estas negociaciones en el Parlament, el Govern está ultimando un decreto ley que prevé aprobar en los próximos días para proteger a los centros dejando en el conseller de Educación la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos de cada escuela.

Al igual que la propuesta de nueva ley ERC y Junts, la intención es que el decreto recoja explícitamente que no se pueden fijar porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza, de manera que no se pueda aplicar la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.