Demanda colectiva contra el Gobierno de Trump por poner fin a la protección a inmigrantes de Honduras y Nepal
LOS ÁNGELES, 13 (DPA/EP)
Defensores de los derechos de los migrantes han presentado una demanda colectiva contra el Gobierno estadounidense por su decisión de poner fin al régimen de protección humanitaria para más de 100.000 personas de Honduras y Nepal.
La demanda fue presentada el lunes ante un tribunal de distrito en San Francisco en nombre de seis inmigrantes con estatus de protección temporal (TPS) y de dos ciudadanos estadounidenses que son hijos de beneficiarios de dicho estatus.
El martes por la mañana, cientos de inmigrantes y sus familias, junto con los congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata por Nueva York, y Ayanna Pressley, demócrata por Massacchussets, se concentraron ante la Casa Blanca para solicitar la residencia permanente para los migrantes con estatus de protección temporal.
El TPS es un programa de apoyo humanitario que se concede a ciudadanos de países devastados por desastres naturales o guerra que permite a los beneficiarios trabajar mientras permanecen en Estados Unidos. Creado en 1990, el programa se aplica a personas de diez países. Sin embargo, el Gobierno estadounidense, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha anunciado que cancelará el programa para el 98 por ciento de sus actuales beneficiarios.
La nueva demanda llega cuatro meses después de que un juez de un distrito de San Francisco bloqueara temporalmente la decisión del Gobierno de Trump de rescindir el programa TPS para más de 300.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán mientras los casos se dirimen en los tribunales. Esos inmigrantes se verían expuestos a la deportación cuando concluya su protección humanitaria.
Registrado desde marzo, el caso de Ramos contra Nielsen argumenta que las autoridades estadounidenses se han alejado de los criterios de todos los gobiernos anteriores con el programa TPS con el objetivo de reducir el número de inmigrantes que no son blancos que llegan a Estados Unidos.
«PAÍSES DE MIERDA»
Los abogados de los demandantes citan directamente una declaración atribuida a Trump en 2018, cuando dijo que Estados Unidos no debería aceptar a migrantes Haití y países africanos, a los que se refirió como «países de mierda».
Cientos de páginas de memorandos y correos electrónicos muestran los esfuerzos del Gobierno de Trump para defender que los programas de protección humanitaria temporal para migrantes ya no son necesarios. En dichos documentos, revelados en el marco de este proceso, diplomáticos de carrera y otros expertos advierten de que una decisión así tendría importantes repercusiones políticas y humanitarias, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ha tratado de exponer razones «positivas» para justificar su decisión.
En su decisión de bloquear en octubre la cancelación del TPS, el juez Edward Chen consideró que los demandantes habían planteado importantes preguntas en torno a si la decisión del Gobierno vino determinada por «la Casa Blanca» y se basó en una «actitud contra los inmigrantes que no son blancos ni europeos».
Los abogados del Ejecutivo sostuvieron que simplemente estaban enfatizando diferentes factores para valorar si se amplia al régimen de protección y subrayaron que el programa TPS no fue convencido para ser permanente.
«El estatus de protección temporal es temporal y se concede por una base principalmente discrecional. La decisión de poner fin al TPS para Honduras y Nepal ha sido legal y razonable», afirmó el martes un portavoz del Departamento de Justicia, Steven Stafford. «Deseamos defender la determinación del Departamento de Seguridad Nacional en tribunales», indicó.
El Gobierno de Trump decidió cancelar el programa TPS para Honduras y Nepal después de que se presentara la primera demanda. Este régimen de protección terminará para unos 15.000 nepalíes en junio y para 86.000 hondureños en enero.
Los abogados de los demandantes en el caso Bhattarai contra Nielsen, la demanda presentada el lunes, han expuesto los mismos argumentos legales sobre los inmigrantes de Nepal y Honduras beneficiados por el TPS que se defendieron en la denuncia anterior. Además, mantienen que poner fin a este programa es inconstitucional porque exige a los hijos de los beneficiarios del TPS, muchos de los cuales están en edad escolar, que decidan entre quedarse en Estados Unidos o regresar con sus familias a su país.
«El impacto humanitario de estas decisiones, al igual que las decisiones del caso Ramos, es masivo», ha afirmado Ahilan Arulanantham, uno de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles en el sur de California. «Estas son personas que han vivido aquí en muchos casos durante más de 20 años. Están profundamente insertados en el tejido del país. Son propietarios, son profesores y tu entrenador del equipo de fútbol del barrio y el gerente de la tienda local. La necesidad de protección es obvia», ha subrayado.
Honduras fue seleccionado como país beneficiado por el TPS en 1999 después de los graves daños causados por el paso del huracán Mitch. En un memorando del 11 de mayo obtenido por los abogados de los demandantes del caso Ramos, varios miembros de la Comisión de Exteriores del Senado se quejan de que el Gobierno no ha hecho caso de sus consejos ni de los mensajes del personal del Departamento de estado y de las Embajadas en Honduras, El Salvador y Haití, «que de manera uniforme han defendido una prórroga del TPS».
Nepal fue elegido para el TPS en abril de 2015 tras el terremoto de 7,8 de magnitud que acabó con la vida de 9.000 personas y provocó heridas a más de 20.000, además de dejar a millones de personas desplazadas.
