Prisoners Defenders denuncia ante la ONU más de un centenar de casos de tortura a presos políticos en Cuba

La organización ha documentado, al menos, 15 patrones de malos tratos o torturas

Prisoners Defenders ha presentado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas un informe de denuncia en el que ha constatado la existencia de más de un centenar de casos de tortura y maltrato a presos políticos de Cuba.

El informe, hecho público este martes, será considerado por el comité en el marco de la revisión de Cuba durante su próximo período de sesiones –del 19 de abril al 13 de mayo de 2022–. Prisoners Defenders fue invitada a presentar informaciones en esta etapa del proceso de elaboración de los informes.

Así, la organización ha documentado un total de 101 casos. En 87 de ellos, los denunciantes han cumplimentado una declaración tabulada a través de un formulario con 38 campos de respuesta, lo que permite presentar estadísticas y extrapolarlas. Prisoners Defenders ha destacado que los 87 casos se han recabado sobre una muestra aleatoria de los 1.167 presos políticos que tiene constatados. Es decir, «no ha sido preseleccionados sino obtenidos por respuesta espontánea» al formulario de declaración.

«Entre ellos, por tanto, no abundan de forma prominente los testimonios de activistas de Derechos Humanos y opositores, como podía ser esperable en el caso de documentar los casos de tortura más graves», ha agregado. Los casos se han complementado con 14 adicionales, que han sido investigados ex profeso.

Por ello, predominan en la muestra civiles independientes que no habían ejercido activismo alguno jamás y fueron detenidos por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Cuba. Toda la información se ha obtenido mediante las propias víctimas, familiares, compañeros presos y/o allegados directos, pero siempre y cuando fueran testigos de primera mano de lo acontecido.

UNA QUINCENA DE PATRONES

Prisoners Defenders ha señalado que los 87 presos políticos han podido documentar al menos 15 patrones de malos tratos y torturas. Son privación de la atención médica entre los presos políticos; trabajos y tareas forzados no propias de su condición de procesado o condena penal; patrones posturales «altamente incómodos, dañinos, degradantes y prolongados»; confinamientos de castigo en solitario; uso de la temperatura como mecanismo de tortura; y agresiones físicas.

También han constatado conducción de forma anormal a localizaciones desconocidas para reos y familiares; desorientación intencionada; privación de líquidos y/o alimentos; privación del sueño intencionada; privación de comunicación con familia, defensa y allegados; amenazas para ellos, su integridad, su seguridad y las de sus seres queridos; despliegue do exhibición amenazante de armas o elementos de tortura; sometimiento intencionado a angustia, pesar o incertidumbre por la situación de un familiar; humillación, degradación y maltrato verbal.

Prisoners Defenders ha explicado que, entre los 87 casos para los que los denunciantes han cumplimentado el formulario, el 100 por cien han sufrido mecanismo de tortura y maltratos. Por ejemplo, mencionan los casos de Jonathan Torres Farrat –de 17 años, menor de edad en el momento de su detención– o de Iván Hernández Troya –de 26 años–, que han sufrido los 15 tipos de tortura.

En este sentido, Prisoners Defenders ha destacado que, del conjunto de 101 víctimas estudiadas, tres son menores de edad y los menores están siendo torturados «igual o más que el resto». «La víctima que acumula mayor número de tipos de tortura es precisamente un menor de 17 años, Torres Farrat», ha destacado.

En cuanto a la intensidad, la organización ha explicado que la víctima que con mayor intensidad sufre estos tratos es José Daniel Ferrer García, de 51 años. «Está recibiendo ataques sónicos constantes desde hace 260 días, a lo que se suma ahora un envenenamiento químico desconocido, y que está encerrado todo este tiempo aislado, y en una celda de castigo preparada tecnológicamente para estas torturas», ha lamentado, antes de apuntar también que «su degradación física y psicomotriz es paulatina debido a esta tortura constante destinada a asesinarle lentamente».

Si se tiene en cuenta que las toma de declaraciones sobre los 87 presos políticos ha sido «aleatoria y espontánea» y que la muestra es «representativa», ya que son el 8,65 por ciento del total, Prisoners Defenders ha considerado «obligado científica y estadísticamente» extrapolar los valores del total de los .167 opresos políticos para poder «tener una idea» de cuántos están siendo sometidos a tortura.

Los datos muestran que, por ejemplo, 889 prisioneros han sido sometidos a humillaciones, degradaciones o maltrato verbal; 981 a privación de comunicación con familia, defensa y allegados; 650 a agresiones físicas; y 597 a privación del sueño intencional.

LA TORTURA EN CUBA

La organización ha indicado en su informe que Cuba «tiene un extenso historial de violaciones» de los Derechos Humanos, que «acomete con carácter sistemático y generalizado sobre diversos sectores de la sociedad civil, especialmente los que se reconocen formalmente como disidentes o disconformes con el sistema».

«La tortura sistemática y generalizada sobre grupos de individuos es una de las violaciones a los Derechos Humanos comunes en la isla, hecho que viene siendo informado por numerosísimos casos que han tenido acogida tanto en Naciones Unidas como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», entre otras, ha agregado, antes de resaltar que Cuba ha firmado y ratificado la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

En 2021, a raíz de las protestas masivas del 11J, Cuba «ha exhibido los índices de represión más altos registrados en décadas con miles de detenciones arbitrarias, centenares de convictos de conciencia y centenares de informaciones de torturas, especialmente contra activistas, opositores y sus familiares, pero también contra civiles que fueron procesados por ejercer la libertad de expresión pacíficamente y contra sus familias», ha explicado.

LOS DELITOS

Prisoners Defenders también ha mencionado los supuestos delitos que han cometido los 101 presos que protagonizan el informe. Así, 55 de ellos han sido acusados por desórdenes públicos, que es el que las autoridades cubanas impusieron a una gran parte de los manifestantes del 11J en Cuba.

La organización ha destacado que estos presuntos desórdenes no han sido, «en ningún caso», denunciados por los supuestos afectados, que son los vecinos. «Todos los testigos en todos los juicios han sido oficiales de policía o, en algunos casos, mandos del Partido Comunista», ha asegurado.

Por otra parte, 48 víctimas han sido acusadas de desacato, «un delito especialmente incompatible y contrario», en palabras de Prisoners Defenders, a las normas internacionales, y que además ha sido denunciado en numerosas ocasiones por Naciones Unidas, entre entros por el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria. Se trata también de uno de los delitos «más usados» en Cuba contra la disidencia, pero también lo fue en el 11J. Otros de los delitos supuestamente cometidos son atentado, agresión a la autoridad, sedición o instigación a delinquir.

Por otro lado, Prisoners Defenders ha indicado que, además de sobre muchos patrones de tortura, todos ellos han sido privados de libertad desde su detención y durante numerosos meses por un auto de prisión provisional dictado por un fiscal sin intervención de un juez, lo que constituye «per se» una detención arbitaria, al violar toda la legislación internacional.

Miles de cubanos salieron a las calles el 11 de julio de 2021 para protestar contra el Gobierno, debido a la escasez, el racionamiento de alimentos y medicamentos o la crisis sanitaria por la pandemia. Las autoridades reprimieron las manifestaciones, pero el presidente, Miguel Díaz-Canel, tildó de «mentira» y «total calumnia» la represión de las protestas.