Prisiones resuelve el 23% de las propuestas de destino de presos de ETA de forma divergente a la Junta de Tratamiento
El PP denuncia traslados «a dedo», entre ellos los de Henri Parot y Txapote , que relaciona con los «votos a cambio de Bildu»
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha resuelto el 23,2% de las propuestas sobre destino de cárcel de los presos de ETA en sentido distinto a la decisión que la Junta de Tratamiento acordó originalmente. En lo que se refiere a clasificación de grado, la divergencia es del 11,9%.
Así consta en una respuesta parlamentaria por escrito, consultada por Europa Press, en la que el PP se interesaba por los recientes acercamientos a cárceles del País Vasco de Henri Parot y Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote , dos de los terroristas con un historial más sanguinario.
Sobre estos dos presos, el Gobierno recuerda que en el caso de Henri Parot la Junta de Tratamiento de León «propuso su traslado al centro penitenciario que procediera», decidiendo la Secretaría General de Prisiones que fuera trasladado a una cárcel del País Vasco, comunidad autónoma a la que se transfirió las competencias el año pasado.
En el caso de Txapote , por su parte, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario Madrid VII-Estremera se limitó a «proponer la clasificación inicial del interno en segundo grado», es decir, en el régimen ordinario. Fue a continuación la Secretaría General quien «acordó como centro de cumplimiento el que designe la Comunidad Autónoma del País Vasco».
EL GOBIERNO NIEGA BENEFICIOS
Como en otras ocasiones, el Gobierno comienza su respuesta por escrito desligando los traslados de los «beneficios penitenciarios». A continuación, informa de que entre el 1 de enero de 2018 –Pedro Sánchez asumió la Presidencia a mediados de ese año– y el 8 de septiembre de 2022 la Administración General ha emitido 1.385 resoluciones en materia de clasificación y destino que afectan a internos de ETA.
En estas resoluciones se suma las revisiones de grado que por reglamento se aplica de oficio a todos los presos en un tiempo máximo de seis meses, bien en respuesta a una propuesta de la Junta de Tratamiento, bien en caso de recurso del interno conforme al artículo 105.2 del reglamento.
En cada resolución, por tanto, se aborda tanto la clasificación de grado como la cárcel de destino. Según el Ejecutivo, el 11,9% de las resoluciones «no coinciden» con la propuesta de las Juntas de Tratamientos en lo que se refiere a la clasificación de grado, un dato que se eleva al 23,2% en lo referente específicamente a «materia de centro penitenciario de destino».
En este sentido, especifica que en 322 casos «se apartaron del destino propuesto por la Junta de Tratamiento», un órgano colegiado compuesto por responsables del equipo directivo de cada prisión.
En la respuesta parlamentaria no se detalla en qué grado la divergencia es favorable a los intereses del preso de ETA o no, ya que puede haber casos en los que la propuesta inicial no se aceptara, por ejemplo, por cuestiones organizativas; o que directamente, aunque mediara traslado, se optara por Instituciones Penitenciarias por una cárcel diferente a la propuesta de la Junta de Tratamiento.
PP DENUNCIA TRASLADOS «A DEDO»
La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha criticado estas decisiones «a dedo» que atribuye al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «322 traslados de terroristas de ETA se hacen a dedo por Marlaska, en contra de las juntas de tratamiento de las prisiones», ha señalado en su cuenta de Twitter.
Vázquez, que ha criticado una vez más los traslados al País Vasco de Henri Parot y Txapote , ha denunciado que Interior consiente «acercamientos y beneficios a terroristas a cambio de votos de Bildu».
En la respuesta por escrito, el Gobierno dice que en el caso de Henri Parot la Junta de Tratamiento de León «propuso su traslado al centro penitenciario que procediera». «Tras la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión leonesa, se resolvió su traslado al centro penitenciario que designara la Comunidad Autónoma del País Vasco», señala.
En el caso de García Gaztelu, la Junta de Tratamiento del centro penitenciario Madrid VII-Estremera «propuso la clasificación inicial del interno en segundo grado». «Tras la propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión madrileña, se resolvió su clasificación inicial en segundo grado» y luego, sin que mediera propuesta de la Junta de Tratamiento, fue la Secretaría General quien «acordó como centro de cumplimiento el que designe la Comunidad Autónoma del País Vasco».
